+El Consejo de la Judicatura de ríe de la Ley
+Sindicato Minero derrota a German Larrea
Armando Téllez Flores
Bien decía Cicerón, que cuando la Justicia no se aplica, se
vuelve injusticia, pero lo más delicado es que cuando los organismos encargados
de aplicarla la ley y violan tratados internacionales, la
situación se
convierte en grave, ya que redunda en la falta de credibilidad para organismos
que deberían ser ejemplo como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Ahí,
contra toda lógica se rién del Estado de Derecho.
En este año, eminentemente político, en donde la mayoría de
los aspirantes a puestos de elección popular están manifestando su inquietud
por la inseguridad y la aplicación de la justicia, resalta el hecho de que el
mencionado organismo que durante mucho tiempo ha conservado buena imagen, ahora
esté interviniendo dolosamente en la vida del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Poder Judicia, según acusan los propios trabajadores.
Y se dic dolosamente, porque no se puede entender de otra
forma, la protección del CJF a un personaje como al ex dirigente Juan Bautista
Reséndiz, a quien contra toda lógica se le otorgó una licencia sin goce de
sueldo, mediante el oficio 313, violando flagrantemente los estatutos del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial que conforme a lo
dispuesto en su artículo 48, incisos p) y q), es facultad exclusiva de su
Secretario General, tramitar las licencias por comisión sindical con o sin goce
de sueldo,
Y eso no lo digo yo, pus lo interesante del caso es que el Consejo de la Judicatura
Federal incluye en su manual para jueces
y magistrados, que únicamente a petición del Secretario General del Sindicato se otorgarán licencias por
comisión sindical, con o sin goce de sueldo, cuando de manera arbitraria y unilateral,
auto gestiona una licencia por comisión sindical para un trabajador, cuya
calidad de sindicalizado está en tela de juicio, pues Juan Bautista Reséndiz
tiene, al menos 6 años sin pagar cuota sindical, lo que indica que viola sus
propios estatutos.
Además , el Consejo de la Judicatura Federal, viola las
Reformas que en esta materia de 2012, que
la hicieron merecedora al premio que en este rubro otorga la
Organización de las Naciones Unidas, contrariando el espíritu de los convenios
87 y 95, así como la Recomendación 143 de la Organización Internacional del
Trabajo.
Este tipo de acciones no se dan gratuitamente, sería interesante saber qué fue lo que
ofreció Juan Bautista Reséndiz al
Consejo de la Judicatura Federal o que extrañas ligas tiene con el Secretario
Ejecutivo de Administración de dicho organismo que a través del
Director General de Recursos Humanos, otorgó al ex secretario general de
la Organización Sindical prórroga de licencia sin goce de sueldo por comisión
sindical a partir del uno de julio de 2017 y hasta el día 20 de noviembre de
2018, “casualmente “ el día que termina la actual gestión sindical.
Y se viola la ley, pues dentro de este escenario,
resulta “curioso “ que se le otorguen una licencia por 17 meses,
cuando la Misma Judicatura, señala que a las licencias sindicales sólo son por
tres meses.
Esta acción ha dado origen a una actitud prepotente de Juan
Bautista Reséndiz , quien ahora se desempeña como magistrado integrante de la Segunda Sala del
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
y cuya cédula que lo acredita como Abogado ,no sabemos si fue expedida
antes o después de haber sido nombrado.
Ha externado en su círculo personal, dentro del que se
encuentra Guillermo Bravo Bustamante, que acudirá a sus padrinos para solicitar
lo su apoyo para un puesto de representación popular, ofreciendo a sus seguidores dentro de los seccionales del citado
organismo sindical como incondicionales del voto.
Reséndiz, dejó el cargo de Secretario General del mencionado
sindicato hace casi tres años y si hace
ese ofrecimiento y algo le debe de haber ofrecido al Consejo de la Judicatura
que manifiesta tal ofrecimiento, lo cual ha causado malestar en el organismo sindical, en donde ya que
está utilizando su nombre para causas personales…..
SINDICATO MINERO DICE DERROTAR A GERMAN LARREA Y GRUPO MEXICO
El 15 de enero de 2018, la Lic. Rebeca Patricia Ortiz Alfie,
Jueza Quinto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, concedió
el amparo al Sindicato Nacional de Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia
como su Presidente y Secretario General.
Los mineros dicen que el amparo está ubicado con el
expediente 1550/2017-I, contra los actos del Presidente de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, JFCA, que había protegido a Grupo México hasta el 13
de agosto de 2017, utilizando la demanda que un sindicato blanco auspiciado por
ese consorcio, interpuso por la titularidad del contrato colectivo de la mina
de San Martín Sombrerete, cuando Rafael Avante Juárez --afín a Larrea-- era subsecretario de Trabajo, y Gary Pérez, su ex colaborador y ex funcionario, laboraba
para la Junta Federal, el cual es ahora abogado de Germán Feliciano Larrea,
dueño de Grupo México y concesionario de la mina de Sombrerete.
La resolución del amparo concedido al Sindicato Minero tiene
como propósito obligar a la Junta a
proceder a la entrega a los trabajadores en huelga del Sindicato Nacional de
Mineros, de las instalaciones de la mina de Sombrerete, ocupada desde agosto de
2012 sucesivamente por dos sindicatos charros distintos, pero auspiciados ambos
por Grupo México. Esto supone que la JFCA debe estudiar: “la nulidad y
cancelación del registro de los miembros del sindicato actor que cuentan con
doble militancia sindical, así como la entrega de las instalaciones de la
fuente de trabajo, donde está declarada la huelga estallada.”
Es decir, el sindicato blanco tomó con violencia y en
transgresión a la ley, la mina en estado de huelga, con el patrocinio de Grupo
México, por lo que sus esquiroles tendrán que salir y dejar que la huelga legal
y existente siga su curso. Por otro lado, el sindicato blanco, actor en el
juicio, presentó un padrón de socios falso, con 187 obreros que no lo son: 160
por doble militancia sindical y 16 que fueron cesados, todos los cuales quedan
invalidados para un eventual nuevo recuento de votos, en el cual ya no
participarían, a los que se suman 11 muertos.
En efecto, Grupo México había creado el Sindicato Nacional
de Trabajadores de “Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la RM”
(SNTEEBMRM), un sindicato charro, blanco o patronal con sede en Monterrey, para
usarlo como su instrumento en este y otros litigios laborales, entre los que se
encuentra el de la mina de Sombrerete, Zacatecas.
Ese sindicato charro de Larrea fue utilizado por Grupo
México para demandar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, CCT, que
tenía el Sindicato Minero Nacional, el 14 de agosto de 2013, demanda que se
hizo no obstante el estado de huelga, que prohibe a la autoridad modificar el
status legal de la mina mientras se mantiene el movimiento, pero con sus
golpeadores el Grupo México usó al sindicato charro para desalojar a los
huelguistas por la fuerza, con la complacencia de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
Por más que se le exigió a la Junta Federal que cumpliera la
Constitución, la Ley Federal del Trabajo, LFT, y los tratados internacionales,
para respetar la huelga minera, pues todo acto de violencia y uso de esquiroles
está prohibido, la JFCA se negó a cumplir la ley, permitió que los esquiroles
la invadieran y solapó que siguieran hasta hoy ocupando la mina.
Antes, del 31 de agosto de 2012 al 12 de agosto de 2013,
Grupo México usó a un sindicato de la CROC para demandar la titularidad del CCT
de la mina de San Martín Sombrerete, pero Germán Larrea y la CROC perdieron el
recuento de votos el 16 de noviembre de 2012 ante los auténticos mineros, pese a
la violencia y las agresiones cometidas, no obstante que alteraron el padrón de
socios y a pesar de la propaganda y gastos de presión de la empresa. Por todo
esto Grupo México sustituyó a la CROC por el sindicato blanco de Monterrey ya
mencionado.
Así, Grupo México prefirió agredir la huelga con violencia
desde el 31 de agosto de 2012 hasta hoy, en vez de buscar una solución legal
conciliatoria, como la gran mayoría de huelgas se resuelven. Fueron 6 años y
medio de acciones ilegales y violentas de Grupo México contra la huelga minera
que inició el 30 de julio de 2007 hasta la fecha, hace 10 años cumplidos, por
la inseguridad e insalubridad en las minas, que el consorcio de Larrea se negó
a resolver, protegido por el secretario de Trabajo, el nefasto Javier Lozano
Alarcón, el subsecretario Rafael Avante Juárez --involucrado con Larrea-- y el
entonces secretario de asuntos colectivos de la Junta Federal, Gary Pérez, hoy
abogado de Grupo México.
Igual ocurrió con el secretario de Gobernación desde 2008
hasta 2010, Fernando Gómez Mont, del gabinete de Felipe Calderón (presidente
del país de 2006 a 2012). Gómez Mont, antes y después de ser funcionario de
Gobernación, fue abogado de Grupo México. En su paso por Gobernación,
ilegalmente se movió para acabar con la huelga de Cananea, dar por terminadas
las relaciones colectivas de trabajo, poder entregar la mina a un sindicato de
la CTM y hacer del Contrato Colectivo de Trabajo existente uno nuevo de
protección patronal, ya denunciado ante la Organización Internacional de
Trabajo, OIT, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH….
(tellezflores@hotmail.com)
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