La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) señaló hoy en un comunicado que cada vez son más frecuentes y graves los intentos por vulnerar el Estado de Derecho en nuestro país. Los ciudadanos no podemos permitir que esto siga sucediendo. E

 

Plataforma  Laboral

+La COPARMEX: México pierde si no se cumplen las leyes

+El Senado realiza desacato a los mandos judiciales

+Exigimos respeto al Estado de Derecho y a la SCJN

Armando Téllez Flores 

La Confederación Patronal  de la República Mexicana  (COPARMEX) señaló hoy en un comunicado que cada vez son más frecuentes y graves los intentos por vulnerar el Estado de Derecho en nuestro país. Los ciudadanos no podemos permitir que esto siga sucediendo.

El poder y las acciones de un gobierno están limitados y regulados por las leyes y normas, que deben ser aplicadas de manera justa e imparcial a todos los ciudadanos por igual.

El Estado de Derecho es ese conjunto de normas, pero también de instituciones que las cumplen y velan por su correcta ejecución. Es un concepto central en las democracias modernas y busca garantizar que todos los individuos estén sujetos a la ley, incluidos los funcionarios gubernamentales y quienes integran a las diversas instituciones.

La Constitución fundamentalmente está pensada para acotar lo más posible al gobierno y darle la mayor libertad posible a los ciudadanos. Por lo tanto, si una autoridad viola la Constitución, lo que está atacando es la libertad y los derechos de todos nosotros.

Separación de poderes

La separación de poderes es un principio fundamental en un Estado de Derecho y en una democracia que busca evitar la concentración excesiva de poder en una sola entidad o individuo. Este principio se basa en la división de las funciones del gobierno en tres poderes independientes y equilibrados: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.

Hemos sido testigos en los últimos meses de un hostigamiento reiterado al Poder Judicial para desacreditar a sus integrantes y minar su reputación. Ante esa embestida, desde COPARMEX y la sociedad civil hemos enviado múltiples mensajes de respaldo al Poder Judicial en su conjunto, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los magistrados y jueces que cumplen con su función pese a las presiones de índole política. Celebramos, por ejemplo, que hayan dado marcha atrás a la militarización de la Guardia Nacional y a la primera parte del Plan B de la reforma electoral porque ambas disposiciones vulneran los derechos de los ciudadanos.

La separación de poderes es precisamente el mecanismo establecido en nuestra Constitución para tener equilibrios, por lo que el Poder Ejecutivo y Legislativo no pueden pretender estar por encima del Judicial. 

Desacato a mandatos judiciales

Muestra de esta violación al orden constitucional que garantiza los equilibrios es el desacato del Senado al mandato judicial para que se nombre a los 3 comisionados faltantes en el INAI. El desacato ha sido reiterado, ahora con la negativa a que se convoque a un periodo extraordinario para ello. El INAI que es una institución clave para que los ciudadanos podamos gozar de nuestro derecho de acceso a la información pública se encuentra inoperante desde el 1º de abril, por lo que nuestro derecho no puede ejercerse por un capricho de las autoridades y su insistencia de operar en la opacidad y discrecionalidad que abren la puerta de par en par a la corrupción.

Además, es inconcebible que el mismo día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la invalidez del Acuerdo presidencial promulgado el 22 de noviembre de 2021 conocido como el “Decretazo” por medio del cual el gobierno se autorizaba a sí mismo violentar las normas con tal de realizar sus proyectos prioritarios, el titular del Poder Ejecutivo revirara esa decisión del máximo tribunal al emitir un nuevo Decreto por el que se declara, nuevamente, de seguridad nacional las obras de infraestructura, con lo que evita que sus proyectos estén sujetos a la transparencia, al acatamiento de normas y a la supervisión ciudadana.

Ocupación temporal con el uso de las fuerzas armadas

La última y muy preocupante señal por parte de la autoridad fue el Decreto firmado el viernes 19 de mayo por medio del cual el Ejecutivo Federal declaró la ocupación temporal como bienes de utilidad pública de tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur ubicadas en la zona de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz, propiedad de un grupo privado y que forman parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Con ello, las Fuerzas Armadas ocuparon de forma sorpresiva e inmediata instalaciones que estaban concesionadas a particulares. La Ley de Expropiaciones establece un procedimiento claro que debe acatarse en cuanto a la emisión de una declaratoria, a la notificación a los afectados y garantías para su derecho de audiencia; No obstante, la acción de la autoridad debe ser revisada para determinar si se apegó a la legalidad y evitar así una arbitrariedad.

Coincidimos con la autoridad en la necesidad de impulsar el desarrollo de las regiones menos favorecidas pero debe ser mediante el diálogo como pueden resolverse los problemas. Solo con el diálogo es posible llegar a acuerdos con los que ganen todos los mexicanos.

El llamado de COPARMEX

Es de extrema preocupación para el país el clima de reiterada violación a la legalidad y al orden constitucional. Las leyes se crearon para darle orden y cohesión a nuestra sociedad, por lo que es totalmente reprobable que desde la autoridad se pretenda romper con ello.

Los primeros en acatar la ley, porque así lo juramentaron, deben ser los servidores públicos. La señal que envía el gobierno de México al exterior es muy alarmante y puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y a la confianza para la inversión; sobre todo, frente a una oportunidad única como lo es el nearshoring.

La ley es la ley, y la división de poderes debe prevalecer.

El manejo de las finanzas públicas ha sido positivo, por lo que estos mensajes erróneos podrían tirar por la borda esos esfuerzos y acercar a México a una crisis.

Nuestro llamado es enérgico, es mucho lo que se está poniendo en riesgo. Se trata de los derechos de los mexicanos, se trata de las inversiones que tanto necesita el país para generar empleos y llevar ingresos a las familias, se trata de nuestra democracia.

Exigimos que se respete el Estado de Derecho. Exigimos que se acaten las resoluciones de la SCJN.

Exigimos que la justicia se aplique en todo el país.