El día 6 de julio de 2022, México depositó el instrumento de ratificación del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) ante la OIT. México es el 19° Estado Miembro de la OIT a ratificar el Convenio núm. 190, y el 7° de América Latina y el Caribe.

 

Plataforma  Laboral

+México ratifica el Convenio sobre la violencia y el acoso

+Regiones de emergencia ambiental con alta degradación

+La democracia en México está en peligro: Alejandro Moreno

Armando Téllez Flores

El día 6 de julio de 2022, México depositó el instrumento de ratificación del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190)  ante la OIT. México es el 19° Estado Miembro de la OIT a ratificar el Convenio núm. 190, y el 7° de América Latina y el Caribe.

El Convenio núm. 190 es el primer tratado internacional que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Junto a la Recomendación núm. 206 , este Convenio proporciona un marco común para la acción, constituye una oportunidad única para forjar un futuro del trabajo basado en la dignidad y el respeto, y pone de manifiesto el derecho de todas las personas a un mundo sin violencia y acoso.

Estos instrumentos serán claves para realizar los objetivos establecidos en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo  adoptada en 2019, la cual se compromete claramente con un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, así como los objetivos establecidos en el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente.

Al depositar el instrumento de ratificación en la ceremonia realizada en Ginebra, la Sra. Marta Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció que la ratificación del Convenio por parte de México constituye el reconocimiento de que la violencia y el acoso tienen un profundo impacto en la integridad física y mental de las personas, deterioran el ambiente de trabajo y la productividad, y tienen serias consecuencias para la familia y la comunidad. Subrayó que:“El Convenio núm. 190 un marco global sin precedentes que ofrece una perspectiva interseccional y transversal, así como herramientas para reducir y eliminar la violencia que afecta a tantos trabajadores.”

Además, la Sra. Delgado indicó que: “La violencia es una clara violación de los derechos humanos y no puede ser tolerada o permitida en ninguna circunstancia. Reconocemos que la violencia y la discriminación, incluida la violencia por razón de género, son retos en mi propio país y en todo el mundo. Nuestra presencia aquí hoy es una llamada a todos para la eliminación de dichas prácticas.”

La Sra. Martha Elizabeth Newton, Directora General Adjunta de Políticas de la OIT, actuando en representación del Director General, recordó al momento de recibir los instrumentos de ratificación que el Convenio núm. 190, junto con la Recomendación núm. 206, proporcionan el primer marco común de acción para forjar un futuro del trabajo basado en la dignidad y el respeto, e indicó que éstos ofrecen protección para todos en el mundo del trabajo, e incluyen, pero no se limitan, a la erradicación de la violencia y el acoso por razón de género.

Asimismo, señaló que: “La aprobación unánime por el Senado de la República de México de la ratificación del Convenio núm. 190 refleja la sólida voluntad del para respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, así como para promover el trabajo decente para todos. Es de esperar que la ratificación del Convenio núm. 190 impulse y contribuya a los amplios esfuerzos que el país ya está realizando para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia y el acoso por razón de género.”….

REGIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL PADECEN CRECIENTE DEGRADACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL

En México se localizan seis Regiones de Emergencia Ambiental (REA) que padecen de una severa crisis por la depredación causada por la actividad industrial y manufacturera, afirmó la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La profesora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco citó que por la aplicación de políticas de corte neoliberal desde la década de los ochenta del siglo pasado se han generado zonas de contaminación ambiental que se relacionan con los corredores urbano-industriales señalados en el Plan Nacional de Desarrollo formulado por Ernesto Zedillo en 1996, para conectar en forma expedita el este de los Estados Unidos con la Cuenca del Pacífico.

“Desde hace décadas se ha implantado un modelo extractivo depredador que ha incrementado la pobreza y al mismo tiempo ha degradado al entorno”, ejemplo claro de este proceso son los seis “infiernos ambientales” ubicados en El Salto-Juanacatlán, Jalisco; Dolores Hidalgo, Guanajuato; Atitalaquia-Atotonilco-Apaxco, Hidalgo; Ríos Atoyac y Zahuapan, en Puebla y Tlaxcala; el Istmo Norte y Coatzacoalcos, Veracruz.

Al participar en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Desigualdades y conflictos por el acceso al agua, tierra y territorio en AL, organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, agregó que de acuerdo con información de Toxitur México se ubican otras siete regiones contaminadas: los corredores geográficos Guaymas-Nogales, Manzanillo-Nuevo Laredo, Matamoros-Villahermosa, Acapulco-Veracruz, Tapachula-Manzanillo, Salina Cruz-Coatzacoalcos y Villahermosa-Cancún.

Aunque “ante el embate de empresas trasnacionales y del país ligadas a las exportaciones e importaciones en esas zonas se ha gestado una resistencia social para combatir la explotación irracional impuesta por el gran capital de la tierra y el agua”, indicó al dictar la ponencia Las Regiones de Emergencia Ambiental (REA) en México.

Azamar Alonso, presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, apuntó que puede catalogarse como el primer infierno ambiental lo que ha sucedido en Jalisco, donde la población pobre ha sido la más afectada, aunque también se ha observado la destrucción silenciosa del ecosistema en Guanajuato, mientras en tercer lugar puede ubicarse el “desarrollo industrial” ubicado en Hidalgo.

“Los infiernos ambientales son consecuencia de una política industrial depredadora, en la que tanto el Estado como las empresas son cómplices”, sentenció.

En torno a esa depredación del entorno, en el artículo Las regiones de emergencia ambiental: ¿una alternativa a los extractivismos y a la industrialización salvaje?, Azamar Alonso e Isidro Téllez Ramírez rememoran que esos espacios geográficos fueron identificados en diciembre de 2019, por un grupo de ciudadanos, periodistas, fotógrafos y académicos mexicanos, acompañados de dos europarlamentarias y una senadora estadunidense, así como por reconocidos científicos y activistas de varios países.

En un recorrido de más de dos mil 600 kilómetros, la caravana constató la toxicidad y fetidez extrema en la que viven miles de personas afectadas por actividades extractivas (minera, petrolera, termoeléctrica, cementera y agropecuaria) y manufactureras (automotriz, química, electrónica, de plásticos y textiles, entre otras) en esos “paraísos industriales”.

Ante los observadores, las personas y organizaciones afectadas denunciaron la contaminación de los ríos, acuíferos, bosques, atmósfera y tierras fértiles, así como la proliferación de casos de cáncer de hígado, riñón, estómago y piel, de insuficiencia renal, fluorosis dental y esquelética, deficiencia plaquetaria, leucemia, abortos espontáneos, mutaciones genéticas e incluso casos de retraso mental infantil, mencionan los autores.

Ante esta situación crítica, las REA representan un acto de reconocimiento sobre la magnitud de los efectos y riesgos ambientales que enfrentan varias comunidades marginadas de la sociedad mexicana.

Sin embargo, “hace un par de años ese reconocimiento no hubiera sido posible siquiera imaginar, ya que estos problemas solían ignorarse por completo debido a las lógicas del modelo de economía abierta aplicadas en México desde hace poco más de 30 años”.

Los autores enfatizan que los protagonistas de esta resistencia socioambiental mexicana han sido principalmente comunidades campesinas y organizaciones urbanas, varias de las cuales están lideradas por mujeres, como la movilización de las habitantes de Alpuyeca, Morelos, cuyo objetivo es el cierre de un enorme basurero a cielo abierto, o el movimiento de mujeres indígenas mazahuas contra el despojo de agua del Cutzamala.

Los especialistas enfatizan en que la responsabilidad de la crisis ambiental y social que se vive en las REA no sólo recae en las compañías de capital privado, sino que también las empresas de propiedad estatal han incidido en el aumento de su intensidad y datan de la política industrial que se aplicó desde el desarrollo estabilizador mexicano.

“Si bien lo que se ha hecho hasta ahora es un pequeño esfuerzo, se trata de un primer paso hacia una situación de bienestar que representa otro camino a la lógica de devastación y consumo desenfrenado de los bienes naturales que se ha presentado en forma intensiva, en especial en los últimos 30 años, periodo en el que se ha ejecutado un modelo de economía abierta en México”, apuntan los expertos….

DEMOCRACIA EN MÉXICO ESTÁ EN PELIGRO, INFORMA ALEJANDRO MORENO A MICHELLE BACHELET

 En la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó escrito dirigido a la Ex Presidenta de Chile para informarle sobre la persecución política que padecen los opositores al gobierno mexicano.

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la persecución política que el Gobierno Federal de México ha emprendido en contra de los partidos políticos de oposición. “Nuestra democracia está en peligro”, afirmó.

 

En una carta dirigida a la Ex Presidenta de Chile, aseveró que el régimen mexicano actual se acerca mucho a lo que se definiría como autoritario, ya que desde el gobierno se ataca a autoridades electorales, tribunales, instituciones, a los medios de comunicación y a toda voz que exprese desacuerdo con su desastrosa manera de gobernar.

 Mencionó que el gobierno y Morena han usado recursos públicos y a las agencias de seguridad y procuración de justicia, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar espionaje, obtener información personal de manera ilegal y proceder sobre argucias legales en contra de la oposición.

El líder nacional del tricolor expuso a la Alta Comisionada de la ONU que en 2020, el PRI, junto con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), fundó la coalición electoral “Va por México”, misma que en la elección del 2021 consiguió quitar al partido oficialista, Morena, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, requerida para realizar reformas constitucionales, y frenó la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba nacionalizar la industria eléctrica.

Agregó que a partir del rechazo a la reforma, el Gobierno Federal inició una violenta campaña en contra de quienes conforman la alianza “Va por México”. Indicó que el partido de Estado, Morena, denunció incluso a diputadas y diputados bajo el cargo de “traición a la patria”.

El Presidente Alejandro Moreno destacó que por alzar la voz en contra de esa iniciativa, ahora “enfrentamos acoso constante, discursos de odio y amenazas directas, incluso en contra de nuestras familias”.

El dirigente nacional del PRI argumentó que durante los últimos tres meses ha sido víctima de una campaña violenta y difamatoria, impulsada por la Gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores, quien utiliza de manera sistemática espacios de comunicación y recursos públicos para exponer porciones de audio alteradas y obtenidas ilegalmente sobre su persona y sus actividades.

 

Mientras, aseveró el Presidente Alejandro Moreno, México sufre por la peor crisis de seguridad de su historia, con homicidios, secuestros, feminicidios y asesinatos en contra de periodistas, que han alcanzado niveles alarmantes. En tanto, dijo, las organizaciones criminales operan bajo el silencio cómplice del Gobierno Federal, cuya estrategia de seguridad ha fallado por completo.