martes, 17 de mayo de 2022

Falso que Canales Aguiar, cualquier otro representante o miembro de su supuesta organización hayan celebrado reuniones en las secciones, centros de trabajo o comunidades en donde los trabajadores activos, jubilados, pensionados o sus familias tienen su residencia. esado los ferrocarrileros, activos o jubilados, interés alguno por buscar en organizaciones distintas al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana

 

Plataforma   Laboral

+Rechazan ferrocarrileros falsos líderes

+Sindicatos en solidaridad con LGBTIQ

+Protegen autoridades a mafia de invasores

Armando Téllez Flores

Secretarios generales Seccionales del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, publicaron hoy un desplegado dirigido a los Ferrocarrileros en activo y jubilados y a la Comunidad Ferrocarrilera de todo el país para desmentir las acciones que desarrolla un farsante líder conocido como Eduardo Canales Aguiar.


Carlos Hernández Banda de la Sección 10 y Hugo Sánchez González, de la Sección 33, ambas de Guadalajara firmaron el desplegado en el que señalan ser
Secretarios Generales del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana electos para el periodo sindical 2018-2024 por el voto directo, libre y secreto de los trabajadores ferrocarrileros de nuestras respectivas Secciones.

Señalan que consideramos oportuno desmentir públicamente las manifestaciones sesgadas y tendenciosas que en comunicado fechado el 15 de mayo de 2022 realiza el farsante Eduardo Canales Aguiar, quien se hace llamar presidente de una organización denominada Ferro.

Falso que Canales Aguiar, cualquier otro representante o miembro de su supuesta organización hayan celebrado reuniones en  las secciones, centros de trabajo o comunidades en donde los trabajadores activos, jubilados, pensionados o sus familias tienen su residencia, y sobre todo falso que les hayan expresado los ferrocarrileros, activos o jubilados,  interés alguno por buscar en organizaciones  distintas al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana el apoyo para la justicia social y la defensa de sus intereses profesionales y patrimoniales,  histórica y meticulosamente tutelados por nuestro Sindicato por más de ochenta y nueve años.

Los trabajadores ferrocarrileros en activo, en forma constante y firme, han rechazado la injerencia de agentes ajenos a nuestro gremio en la representación de sus legítimos intereses; mediante el cumplimiento de los normas estatutarias, respetando los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo y bajo la supervisión de los autoridades federales del trabajo, a través de procedimientos democráticos se han dado sus propios representantes sindicales; ni Canales Aguilar ni ninguno de sus “agoreros” representan a ningún ferrocarrilero, quienes por el contrario los repelen y repudian.

Al no lograr apoyo alguno entre los trabajadores ferrocarrileros en activo, pretenden ahora atraer a los ferrocarrileros jubilados y a quienes fueron liquidados y no aceptaron ser recontratados por las empresas concesionarias ferroviarias; mediante el engaño de conseguirles del Gobierno Federal jubilaciones con grandes montos en pensiones, cuando en su oportunidad su pasivo laboral les fue legalmente pagado mediante sus jubilaciones e indemnizaciones al amparo del contrato colectivo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo y de conformidad con las resoluciones emitidas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

La participación del capital social y privado en la operación y administración del sistema ferroviario nacional, se dió como resultado del consenso legislativo de modificar el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de entonces los ferrocarriles mexicanos se transformaron en un medio de transporte más seguro, eficiente y competitivo; y ha representado para los trabajadores ferrocarrileros una mejora significativa en sus salarios, prestaciones, capacitación y escenarios de superación. Es ahora cuando los trabajadores del riel tenemos más certeza en la permanencia de nuestra fuente de empleo y en el constante incremento en nuestras percepciones.

Es la industria ferroviaria mexicana, incluidos sus trabajadores, la que acudió al llamado del Titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, para participar en unidad en el Plan para Contener la Inflación en nuestro país; de esta forma nuestro gremio agrupado en nuestro Sindicato y con la dirección de nuestro líder Víctor Flores Morales, responde, como lo ha hecho durante la pandemia, a los intereses de los mexicanos.

Por el contrario, la mezquina actitud de gentes como Eduardo Canales Aguilar y secuaces, solo buscan satisfacer sus obscuros y particulares intereses, engañando a quienes los escuchan con el otorgamiento de jubilaciones y pago de fuertes sumas que pretenden obtener del chantaje al Gobierno Federal argumentando una representación que no tienen y exponiéndoles una distorsión del resultado de la reestructuración ferroviaria.

Los verdaderos ferrocarrileros, activos y jubilados, y sus legítimos representantes sindicales sólo pedimos respeto para nuestra fuente de trabajo y garantía para nuestros derechos laborales. Con energía rechazamos la injerencia de falsos redentores y luchadores sociales que solo buscan beneficiarse personalmente a partir del engaño y el chantaje….

LOS SINDICATOS MUESTRAN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES LGBTIQ

El 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Central Sindical Internacional (CSI) muestra su solidaridad con los trabajadores LGBTIQ, reafirmando su compromiso de garantizar el respeto y la dignidad de todos los trabajadores, independientemente de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

A pesar de los progresos alcanzados y los numerosos logros, la homofobia y la transfobia persisten en el mundo del trabajo y en la sociedad.

Los trabajadores LGBTIQ están expuestos a muchas formas de violencia, acoso, discriminación y exclusión en la sociedad y a lo largo del ciclo de empleo, incluido en la educación y en relación con las oportunidades de empleo y trabajo decente.

La pandemia de COVID-19 ha aumentado los riesgos de que estos trabajadores queden atrapados en la pobreza y sean excluidos, ya que se enfrentan a un creciente acoso en el mundo del trabajo y una pérdida desproporcionada de empleo e ingresos. Muchos trabajan en industrias y sectores que se han visto muy afectados por la pandemia, como el comercio minorista, la hostelería y el turismo. 

Los sindicatos actúan para garantizar que los trabajadores LGBTIQ estén protegidos y puedan disfrutar de sus derechos en la legislación y en la práctica. A través de las actividades de presión y promoción, los sindicatos trabajan para promover las campañas de educación y sensibilización, así como para respaldar políticas sindicales inclusivas y transformativas.

En todo el mundo, los sindicatos tienen una larga trayectoria de solidaridad con la comunidad LGBTIQ y están en primera línea del movimiento para crear lugares de trabajo seguros e inclusivos.

En el sureste de Europa, los sindicatos se centran en la intersección de los derechos LGBTIQ con el derecho de los trabajadores a lugares de trabajo seguros y saludables, libres de violencia y acoso. Los sindicatos se esfuerzan por fortalecer la representación y la capacidad de las personas LGBTIQ en los sindicatos.

En Sudáfrica, COSATU realiza una labor de educación y sensibilización con los afiliados y los dirigentes sindicales sobre cuestiones relacionadas con los trabajadores LGBTIQ. Negocia disposiciones relativas a los trabajadores LGBTIQ en los convenios colectivos para que todos los trabajadores, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, reciban las mismas prestaciones. 

La CSI apoyó la “Declaración de solidaridad de la Agrupación Global Unions con las personas trabajadoras LGBTI”, en la que se consagra el compromiso mundial de garantizar que los trabajadores LGBTIQ disfrutan de sus derechos humanos fundamentales en la sociedad y en el mundo del trabajo. Los sindicatos se solidarizan con los trabajadores LGBTIQ hoy, mañana y en el futuro….

PROTEGE ERNESTINA GODOY DESDE LA FGJCDMX A ORGANIZACIONES QUE DESPOJAN A ANCIANOS DE SUS VIVIENDAS

Bajo el amparo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dirige Ernestina Godoy, organizaciones populares presuntamente demandantes de vivienda como “Bloque Urbano Popular” y “Hogar y Libertad Para Todos”, se dedican a despojar a personas de la tercera edad y con escasos recursos económicos para poderse defender, para de esta forma quedarse con predios, casas y edificios que posteriormente venden a personas necesitadas de un lugar dónde vivir y que son parte de su clientela política, denunció el abogado Jorge Cruz Elizalde, representante de una de las muchas víctimas de estas organizaciones.

Desde el año 2017 denunció en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR), el despojo que realizaron estas dos organizaciones al propietario del inmueble ubicado Av. Central 242, Colonia Prohogar, Alcaldía Azcapotzalco, bajo la Carpeta de Investigación número CI-FAZ/AZ-1/UI/2S/D/01782/03-2017 y a la fecha han transcurrido aproximadamente 6 años y sin haber obtenido la justicia demandada, expresó el abogado.

El propietario del inmueble citado, Pablo Fernández Fernández, de 87 años y Lourdes Hernández Bernal, su esposa de la misma edad, tienen 6 años de vivir en un asilo desde que fueron despojados de su inmueble, del que rentaban cuatro departamentos. Precisamente uno de los inquilinos que allí habitaba, fue quien abrió las puertas a estas organizaciones para que llevaran a cabo del despojo.

La organización “Bloque Urbano Popular” es liderada en la zona por Arlette Rangel Barragán, aunque dirigido a nivel de la Ciudad de México, por Gabriel Mayorga Basurto, presunto operador del político René Bejarano Martínez, y la red de contubernio abarca también a funcionarios del Registro Público de la Propiedad.

Y las cosas las hacen con total impunidad que anuncian la venta del inmueble mencionado en redes sociales (imagen anexa), donde también realizan reuniones de la organización. Cabe mencionar que, dichas organizaciones se encargan de solicitar dinero a las personas que engañan, con la promesa de entregarles una vivienda, pero con ese engaño pasan años y nunca entregan el inmueble.

“Pareciera que la Fiscalía General de la Ciudad de México, tiene intereses, beneficios o compromisos políticos con dichas organizaciones entre otras, ya que al hacer caso omiso y no cumplir conforme a derecho, eso es lo que se vislumbra por la forma cómo están sucediendo las cosas”, expresó Cruz Elizalde, quien se dijo víctima también de este contubernio entre estas dos organizaciones populares, la PGJDF y otros funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.

El abogado relató que en febrero pasado acudió al domicilio de Av. Central 242, Colonia Prohogar acompañado por peritos en cerrajería, policía de investigación y un notario público para realizar una diligencia como parte de la carpeta de investigación señalada, la número CI-FAZ/AZ-1/UI/2S/D/01782/03-2017, “y fuimos agredidos por los integrantes del Bloque Urbano Popular, quienes en contubernio con policías de Seguridad Pública nos pusieron a disposición del MP a cuatro abogados y a mí y nos pretendieron fabricar delitos por robo y despojo, que quedaron para su investigación en la carpeta CI-FIAZ/AZ-2/UI-1 C/D/00096/02-2022.

El abogado y sus colaboradores fueron puestos en libertad antes de las 48 horas debido a la falta de pruebas que configuraran los delitos de robo y despojo por el que fueron detenidos, sin embargo, como una forma de intimidación para Cruz Elizalde y los otros cuatro abogados, la carpeta de investigación sigue abierta y sin determinarse el no ejercicio de la acción penal, con toda la intención de que se aplaquen.

Cruz Elizalde y un grupo de personas también afectadas acudieron a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR), la impunidad que existe en proteger y sobreproteger, bajo tráfico de influencias, a todas las organizaciones que despojan de sus propiedades a sus dueños y principalmente a las personas de la tercera edad.

“Ya basta de la corrupción que existe dentro de la fiscalía para fabricar delitos y también despojar de la propiedad a sus dueños. Solicitamos la intervención inmediata de la Jefa de Gobierno, de Derechos Humanos, de Servidores Públicos, de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que intervengan y se cumpla conforme a derecho las denuncias que se interponen por despojos”, finalizó.

 

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