Plataforma Laboral
+Hay en el país menos de 5 millones de sindicalizados
+El IMSS por entornos laborales seguros y seguros
+Movilización social en Morelos contra mina canadiense
Armando Téllez Flores
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social señaló que el número de trabajadores que pertenecían a un sindicato en el primer trimestre de 2022 se ubicó en 4 millones 869 mil 45 personas, de acuerdo con cálculos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), basado en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto se compara con las 4 millones 336 mil 688 personas sindicalizadas en 2018.
Desde 2005 cuando empezó el levantamiento de la encuesta y
hasta el 2018, el porcentaje de trabajadores subordinados que dijo pertenecer a
un sindicato disminuyó de manera constante desde casi el 17% hasta 12%.
Sin embargo, a partir de 2019, cuando entró en operación la
reforma laboral, que entre sus objetivos regresa el poder de decisión de las
principales actividades de un sindicato a sus trabajadores, se detuvo la caída
y la tasa de sindicalización ha aumentado consistentemente hasta el 13.1% en
2021 y 12.7% en 2022.
Es importante destacar que la reforma fortalece el poder de
negociación de los trabajadores, estableció las constancias de
representatividad, donde un sindicato requiere al menos el apoyo del 30% de los
trabajadores, donde los contratos colectivos y sus revisiones contractuales
deben ser avaladas por los mismos, y sus procesos de elección se dan por vía
del voto personal, libre, directo y secreto.
Año Tasa de
sindicalización
2005 16.8%
2006 16.8%
2007 16.7%
2008 15.6%
2009 15.3%
2010 14.5%
2011 14.7%
2012 14.0%
2013 13.8%
2014 13.6%
2015 13.1%
2016 12.7%
2017 12.5%
2018 12.0%
2019 12.4%
2020 12.4%
2021 13.1%
2022 12.7%
Como porcentaje de los trabajadores subordinados y
remunerados
Fuente: Cálculos de Conasami para los trimestres en que se
levantó el cuestionario ampliado de la ENOE y ENOE N de INEGI
EL IMSS YA POR ENTORNOS LABORALES MAS SEGUROS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitó en
la plataforma digital CLIMSS cursos sobre Salud en el Trabajo, vinculados al
programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), con el propósito de
apoyar a las empresas a mejorar la productividad e implementar estrategias para
cuidar la salud, seguridad y bienestar de las personas trabajadoras.
Los cursos de la plataforma https://climss.imss.gob.mx son
gratuitos y permiten a los interesados capacitarse para mejorar su salud, la de
su familia y contar con un entorno laboral óptimo que les permita desempeñar
con mayor calidad y eficiencia las actividades en el centro de trabajo.
Los cursos que se ofrecen sobre el programa ELSSA son:
1.- Prevención de accidentes de trabajo en mano y tobillo.
2.- Prevención de trastornos músculo esqueléticos en la
espalda.
3.- Vigilancia de Salud en el Trabajo.
4.- Prevención de enfermedades de trabajo relacionadas con
factores de riesgo psicosociales en el trabajo.
Los trabajadores que formen parte de esta capacitación
adquirirán conocimientos para establecer una nueva cultura de prevención y
promoción de la salud en los centros de trabajo.
El IMSS hizo un llamado a los patrones a sensibilizar al
personal a su cargo a registrarse en los cursos CLIMSS, ya que la salud de los
trabajadores favorece la calidad y productividad de las empresas.
Los cursos son virtuales, una vez inscritos las personas
deciden cuándo lo inician, qué tiempo de estudio le dedican y en qué momento lo
terminan. Los cursos ELSSA en CLIMSS están disponibles las 24 horas del día,
los 365 días del año.
MOVILIZACIÓN SOCIAL EN MORELOS HA EVITADO CONTINUAR PROYECTO
MINERO CANADIENSE
El conflicto por el proyecto de la Mina Esperanza en
Tetlama, Morelos, se encuentra en una situación compleja porque la empresa
canadiense Alamos Gold Inc. pretende continuar con el plan de explotación que
fue rechazado por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en 2013,
coinciden la doctora Aleida Azamar Alonso y el maestro Juan Hipólito Esteban,
investigadora y egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
respectivamente.
La académica del Departamento de Producción Económica y el
egresado de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Unidad Xochimilco
destacan la resistencia social y los logros de la población para detener las
actividades del proyecto minero en el ensayo Organización colectiva en Morelos
frente a la amenaza socio-ambiental del proyecto Mina Esperanza.
El texto, que forma parte del libro Minería en México:
panorama social, ambiental y económico, editado por la Unidad Xochimilco de la
UAM y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aborda
el papel de los actores principales, las acciones y sus demandas e incorpora la
relevancia de la zona arqueológica de Xochicalco por su valor cultural, económico
y académico para el estado.
El territorio concesionado a la empresa se ubica en el
municipio de Temixco, con planes para extraer oro y plata mediante el proceso
de tajo a cielo abierto, aunque otras concesiones abarcan parte de los
municipios de Cuernavaca, Miacatlán y Xochitepec, puntualizan los autores.
La futura mina llevaría por nombre “Cerro El Jumil”, cuya
área es parte de las tierras comunales de San Agustín Tetlama, a dos kilómetros
de la zona arqueológica de Xochicalco e incluye alrededor de 2.2 kilómetros del
río Los Sabinos. La extracción tendría una vida útil de 15 años, utilizando tan
sólo cinco años para la extracción y desarrollo del tajo, aunque podría
extenderse dependiendo de los resultados.
La Semarnat negó el permiso de explotación porque el
proyecto causaría impactos ambientales de efecto prolongado por las
características del minado a cielo abierto.
La extracción provocaría deforestación, erosión y
modificación topográfica y transformaría el territorio afectando los biomas
locales y los ciclos naturales de migración de especies animales.
Además, ocasionaría alerta de contaminación de suelos y de
recursos hídricos superficiales y subterráneos, debido a la filtración de
químicos, residuos y otras sustancias al subsuelo, lo que dañaría la capacidad
productiva en materia agrícola y la calidad del agua.
Todo ello sin considerar el riesgo que implica el uso de
explosivos para abrir los boquetes en el suelo, pues los gases desprendidos durante
y después de la explosión degradarían la calidad del aire y la salud de los
habitantes, de la flora y la fauna en la región.
El organismo gubernamental arguye que con la explotación
aumentarían los niveles de ruido y vibraciones que desestabilizarían el suelo
dañando viviendas y reduciría la vegetación, en tanto que el proceso de
lixiviación utiliza cianuro de sodio, el cual, mediante escurrimientos y
derrames afectaría el acuífero de Cuernavaca.
Los autores indican que “durante estas décadas de
exploración y transición del proyecto se comenzó a gestar la desconfianza y
rechazo colectivo en la zona y en 2006 empezaron los brotes de oposición hacia
la empresa cuando los pobladores de la comunidad de San Agustín Tetlama se
enteraron que los trabajos que se estaban realizando serían utilizados para
instalar una mina”.
Ante ello, una parte importante de la comunidad no estuvo de
acuerdo con el proyecto, decidieron dejar sus empleos y retiraron el apoyo a la
empresa, “al considerar que era más importante la vida que el oro.”
Si bien esa situación no escaló y el conflicto no salió de
la comunidad, sí rompió el tejido social, dando inicio a una respuesta social
para evitar la instalación de la mina.
El proyecto también representaba daños a la salud de los
habitantes y de los ecosistemas por las columnas de polvo del explosivo
utilizado y metales pesados, además que “la minera provoca el deterioro del
tejido social y es una forma de colonialismo, al expoliar a la nación para el
beneficio de empresas privadas mayoritariamente extranjeras en detrimento de la
ciudadanía”….
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