Plataforma Laboral
+Niveles mínimos
de protección social universal
+El confinamiento
social daña a los estudiantes
Armando Téllez
Flores QUADRATIN MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
a 2 de Noviembre del 2020.-Reconstruir mejor después de la pandemia para
fomentar la resiliencia frente a futuras crisis requiere solidaridad
internacional y una mayor protección social para todos, tanto para las personas
en situación de pobreza o marginadas, como para las que disponen de recursos
para costearla.
Los gobiernos que han respondido a la pandemia de COVID-19, incluidos sus efectos sociales y económicos, con un conjunto de planes ad hoc, en particular, bajas profesionales remuneradas, transferencias de dinero y apoyo familiar. Si bien son dignas de elogio, esas medidas poseen dos limitaciones principales, señalaron expertos de la OIT, como Michelle Bachelet, Olivier De Schutter y Guy Ryder
.En primer lugar,
muchas son soluciones temporales a corto plazo, que abarcan confinamientos o
períodos de cierre de duración determinada hasta que se produzca la
recuperación económica. No contribuyen a modificar las circunstancias
subyacentes que dejaron a millones de personas en situación de vulnerabilidad,
ni a mejorar su situación para afrontar crisis futuras.
En segundo lugar,
dichas medidas no abordan los riesgos vitales a los que deben hacer frente la
mayoría de las comunidades más afectadas del mundo. Pese a que las medidas
gubernamentales adoptadas en todo el mundo para hacer frente a la COVID-19 han
costado más de 11 billones de dólares, la inmensa mayoría se han aplicado en
países ricos. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó recientemente un plan de
recuperación de 750.000 millones de euros (878.780 millones de dólares)
(equivalente al 6% de su producto interno bruto, PIB), y Japón implantó un plan
de recuperación económica equivalente al 22% de su PIB (1,1 billones de
dólares). Sin embargo, en los países en desarrollo de bajos ingresos las
medidas de respuesta fiscal han representado, en promedio, el 1,2% del PIB.
Los países en
desarrollo, en particular los de bajos ingresos, poseen recursos internos
limitados, limitación que se ve acentuada por la caída del precio de
determinados productos básicos de exportación. No tienen la capacidad necesaria
para aplicar las medidas necesarias para afrontar la crisis que precisa su
población, y mucho menos para implantar los sistemas de protección social a
largo plazo que permitirían fomentar su resiliencia.
Antes de la
pandemia de la COVID-19, el 69% de la población mundial no gozaba de cobertura
de seguridad social, ya fuera de forma íntegra o parcial. Casi dos terceras
partes de los niños en todo el mundo no tenían cobertura de protección social,
únicamente el 22% de las personas desempleadas recibían prestaciones económicas
por desempleo y solo el 28% de las personas con discapacidad grave percibían
prestaciones económicas por discapacidad.
Las crisis
mundiales, como la provocada por esta pandemia, trascienden límites geográficos
y políticos. Frente a ellas, nuestra fortaleza es únicamente la que poseen las
personas más débiles. Con objeto de aumentar la resiliencia y la capacidad de
recuperación de forma más eficaz, debemos apoyar a todos los países para que
puedan establecer bases sólidas de protección social. El enfoque actual, poco
sistemático, es como llamar a los bomberos al declararse un incendio, y luego
decirles que sólo salven algunas habitaciones del edificio en llamas.
Está claro que
esa no es la solución más adecuada. En las circunstancias actuales, la
solidaridad internacional es fundamental y nos beneficia todos.
Los niveles
mínimos de protección social para todos son viables económicamente. A lo largo
del año en curso, el déficit de financiación de todos los países en desarrollo,
a saber, la diferencia entre lo que dichos países invierten en sistemas de
protección social y el costo que tendría la implantación de un nivel básico de
protección social íntegro (incluidas sus prestaciones sanitarias), equivale a
unos 1,19 billones de dólares, incluídos los efectos de la COVID-19. Pero dicho
déficit es sólo de unos 78.000 millones de dólares en el caso de los países de
bajos ingresos, cantidad desdeñable con respecto al PIB de los países
industrializados. Sin embargo, el valor económico total de los programas
oficiales de asistencia al desarrollo destinada a protección social se eleva
únicamente al 0,0047% del ingreso nacional bruto de los países donantes.
Los países deben
destinar la mayor cantidad posible de recursos disponibles a facilitar el
establecimiento de sistemas de protección social para todos. Ello puede
conllevar la adopción de enfoques más eficaces en materia de fiscalidad y de
lucha contra la corrupción. A largo plazo, esa redistribución de activos
contribuirá a disminuir la desigualdad y la discriminación, así como a
facilitar el cumplimiento del objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de "no dejar a nadie
atrás".
De esta crisis
cabe extraer muchas conclusiones. En particular, que para lograr una mejor
reconstrucción es necesario fomentar la solidaridad internacional y la
protección social para todos, no sólo para los que ya pueden permitírsela
actualmente. Si ignoramos ese mensaje, corremos el riesgo de condenar a las
generaciones futuras a que sigan padeciendo el inmenso sufrimiento que ha de
afrontarse actualmente. Ese es, sin ninguna duda, un futuro que no se puede
tolerar.
EL CONFINAMIENTO
SOCIAL HA OCASIONADO DAÑO PSICOLÓGICO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
A pesar de los
avances de la ciencia, desastres sanitarios como el COVID-19 siguen siendo
impredecibles y causan daños severos a la salud psicológica de estudiantes
universitarios por las pérdidas en su entorno social y familiar, sostuvo el
maestro Jorge Álvarez Martínez durante la Primera Semana Universitaria de
Bienestar Comunitario y Salud Mental, celebrada en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
El confinamiento
social obligado por la pandemia ha ocasionado la ruptura de las actividades
cotidianas, la necesidad del trabajo a distancia y ha provocado miedo e
incertidumbre por el futuro y el embotamiento emocional.
Por tanto, las
universidades deben desarrollar programas y alistar la logística de apoyo para
sus comunidades, advirtió al participar en el Conversatorio Intervenciones en
salud y bienestar comunitario basadas en evidencia.
En el caso de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde es profesor de la
Facultad de Psicología, “participan psicólogos y psicólogas tituladas a través
de una brigada de atención psicoemocional y psicosocial a distancia y contamos
con un servicio de conmutador a través del cual profesores de la facultad
brindan atención telefónica”; 78 por ciento de las llamadas recibidas han sido
para atender alguna crisis, 19% han sido únicamente para solicitar información
y el resto han representado atención de urgencias.
Estos trabajos se
realizan en colaboración con el Instituto Nacional de Pediatría y el Centro
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), entre otros, para elaborar un
curso de capacitación en línea para la formación de personal especializado en
salud mental para fomentar la prevención y técnicas específicas de apoyo.
Hasta el mes de
junio, 50 por ciento de las personas atendidas por el Programa de Intervención
en Crisis a Víctimas de Desastres Naturales y Socio-Organizativos mostraron
preocupación por la situación económica y 39 por ciento manifestó alguna
dificultad para poder permanecer en casa, ya que si bien 36 por ciento señaló
tener ingresos suficientes casi uno de cada cinco (19%) respondió no contar con
ingresos.
El maestro Julio
Javier Corona Maldonado, profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN), reconoció
la necesidad de establecer una tipología para atender los casos a partir del
confinamiento con el propósito de llevar a cabo intervenciones comunitarias.
De las acciones
emprendidas en el IPN para atender a una comunidad de más de 250 mil estudiantes,
profesores y trabajadores destacó un primer nivel de información a través de
recursos multimedia, para brindar atención de primer contacto.
“Diseñamos cuatro
elementos en el ámbito universitario: aperitivos para la salud, Línea de Apoyo
Psicológico IPN, aspectos sobre la perspectiva de género y orientación juvenil,
a fin de canalizar a quienes puedan requerir asistencia”, señaló el
psicoterapeuta del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS),
Unidad Santo Tomás.
La unidad politécnica
trabajó para atender los problemas de violencia de género que se incrementaron
por motivo de la pandemia, mediante propuestas de grupos académicos que han
contado con el apoyo institucional y trabajado en conjunto con otras instancias
públicas.
En su portal,
dijo, han recibido 10 mil visitas y más de 22 mil réplicas en redes sociales.
“En la primera semana tuvimos 126 llamadas hasta llegar a 500 por semana, un
incremento de 350 por ciento, aunque ahora estas comunicaciones se han
reducido”.
La doctora Kalina
Isela Martínez Martínez, investigadora de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes (UAA), coincidió en que es pertinente tener una tipología para
establecer programas basados en la evidencia científica, por lo que es preciso
analizar la metodología de ese estudio para determinar el tipo de
intervenciones que requieren las personas.
En el marco de
una intervención sistemática se deben evaluar sus resultados desde un punto de
vista científico para replicar esa experiencia toda vez que la contingencia ha
agudizado los problemas de salud mental de los estudiantes, de por sí
significativos pues según un estudio realizado por esa institución 10 por
ciento de los alumnos de nuevo ingreso presentó depresión, que subió a 13 por
ciento en el tercer año, en tanto la población escolar con ansiedad se ubicó en
8.9 por ciento y tres años después subió a 11.4 puntos de la población.
Las respuestas
que han dado las instituciones para atender a los estudiantes es muy relevante,
no todos los universitarios pero algunos presentan problemas depresión y
ansiedad por ello es acertado seguir investigando para una atención de nuestros
jóvenes. Ante la pandemia hemos avanzado de manera importante en los servicios
de la atención psicológica, sostuvo la investigadora del Departamento de
Psicología.
Sin embargo,
menos de 30 por ciento de la población que requiere recibir atención
siquiátrica o psicológica acude con un profesional debido al alto costo del
tratamiento y a la vergüenza para abordar asuntos de su vida privada, concluyó
la también secretaria técnica de la maestría Investigación en Psicología de la
UAA….
(tellezflores@hotmail.com)
No hay comentarios:
Publicar un comentario