l La Agrupación Global Unions reclaman a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) una reforma del sistema multilateral y una acción decidida para asegurar un nuevo contrato social para una recuperación sostenible.

 

Plataforma  Laboral

+Acción para una recuperación sostenible mundial

+Migración podría calificarse como crisis humanitaria

+FIscalÍa y la UAM apoyaran la impartición  der justicia   

Armando Téllez Flores  

En una declaración a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, la Central Sindical Internacional (CSI) y sus asociados en la Agrupación Global Unions reclaman a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) una reforma del sistema multilateral y una acción decidida para asegurar un nuevo contrato social para una recuperación sostenible.

En estos tiempos turbulentos, estas instituciones deben ayudar a restaurar la credibilidad reforzando la rendición de cuentas democrática y promoviendo una prosperidad ampliamente compartida.

Apuntando a crecientes ataques contra los derechos fundamentales de los trabajadores, incluido el derecho a la huelga, la declaración señala que “mientras los salarios de la gente trabajadora y las reservas de los países tienen cada vez menor valor, la escalada de precios por parte de las empresas y la manipulación financiera han sentado las bases para la obtención de enormes beneficios” a expensas de los consumidores y las cadenas de suministro.

Las demandas clave de la Agrupación Global Unions incluyen:

La resolución sostenible de la deuda para evitar el creciente riesgo de una crisis sistémica de la deuda soberana, y rechazar las fallidas políticas de privatización y austeridad.

Apoyar el trabajo decente y la protección social, con pleno empleo y derechos fundamentales, incluyendo la libertad sindical, la negociación colectiva y salud y seguridad en el trabajo.

Rendición de cuentas democrática sobre las inversiones, para combatir la erosión de empleos y servicios de calidad ocasionada por la privatización, la desregulación y la financiarización.

Una transición justa: el Banco Mundial y el FMI “deben trabajar con los sindicatos para asegurarse de que la transición energética sea una oportunidad para ofrecer trabajo decente y una energía asequible y sostenible para todos”.

Revertir las tendencias a la falta de inversión, la especulación financiera y la concentración de poder y riquezas por parte de las empresas, a fin de posibilitar un futuro económico inclusivo y la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La declaración concluye con una serie de demandas específicas a las IFI, incluyendo un llamamiento a “trabajar con los Gobiernos y los sindicatos para apoyar un nivel sin precedentes de inversión pública para satisfacer las necesidades sociales, impulsar la creación de empleo y construir un futuro sostenible y equitativo”; además de pedir al FMI que apoye una fiscalidad progresiva y al Banco Mundial que su informe sobre el ‘Entorno más propicio para los negocios’ promueva las normas del trabajo, en lugar de socavarlas….

LA MIGRACION PODRIA CALIFICARSE COMO UNA CRISIS HUMANITARIA

La desaparición del Instituto Nacional de Migración (INM) por la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico) no hace diferencias primordiales, lo importante es desvincular la política migratoria de la de seguridad nacional, consideró la maestra Jazmín Sánchez Estrada, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El asunto de la migración no se soluciona por un cambio de denominación o de fundamento jurídico, esto más bien es un distractor frente a un problema que se podría calificar como una crisis humanitaria, lo que en realidad resultaría sustantivo ante el contexto actual es determinante entender que se trata de un asunto ligado a razones humanitarias y no de seguridad nacional, indicó la académica del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco.

“No es relevante cómo le denominemos y qué estructura de organización tenga el organismo que se vaya a encargar de la política migratoria, sino más bien qué facultades tendrá y qué elementos se le darán para que pueda ejercerlas”, manifestó.

Los actores que conducen la discusión tampoco resultan idóneos, pues al tratarse de una política gubernamental corresponde encabezarla a las Secretarías de Gobernación y, en su caso, a Relaciones Exteriores.

Sin embargo, “quien está hablando del tema es una organización de la sociedad civil –que si bien ha hecho un trabajo extraordinario, porque hay que decirlo: gran parte de la labor para proteger derechos no proviene lamentablemente de instancias oficiales– esto hace que surja un distractor al poner sobre la mesa un cambio de denominación que no soluciona lo esencial, pero que sí distrae de lo principal”.

La maestra Sánchez Estrada alertó que el término de extranjería no es positivo pues lo sucedido en Ciudad Juárez –donde un incendio en un Centro de Detención de Migrantes provocó la muerte de 39 personas– es resultado no sólo de una política que asocia la migración a la seguridad nacional, sino que también deja en el discurso componentes que irrumpen en la estabilidad social cuando se alude a extranjero y, más grave aún, cuando se menciona la categoría de legal o ilegal.

“Esta gente está en situación migratoria irregular y requiere de un trámite meramente administrativo a través del cual buscan la posibilidad de ingresar o permanecer en el territorio de un estado, lo cual alude a un tipo de normatividad que no tiene que ver con lo ilegal, por lo que si se asocia a una categoría de un delito, de una cuestión de seguridad nacional se desvirtúa y entonces comienzan a aparecer no estaciones migratorias y casas de acogida, sino centros de reclusión y detenciones ilegales que exceden por mucho los límites de temporalidad establecidos en la propia Constitución en el artículo 21”.

De acuerdo con la maestra en Gobierno y Asuntos Públicos existe la Ley de Migración y su reglamento, así como la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y su respectiva normatividad que cuentan con mecanismos suficientes y necesarios para evitar lo que se vivió en Ciudad Juárez y muchas otras violaciones de derechos humanos con una figura que es fundamental: el refugio….

LA UAM Y LA  FGJCDMX APOYARAN LA PROCURACION DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) firmó hoy un convenio general de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) con el objetivo de favorecer el acceso a la procuración de justicia, en particular de las mujeres de la comunidad universitaria; proporcionar asesoría y apoyo técnico durante procesos delicados como la atención inicial a víctimas de violencia; orientación psicológica; acompañamiento legal para su denuncia sin revictimización en los centros de justicia para las mujeres de la Ciudad de México, así como capacitación al personal de la institución en materia de género y derechos humanos.

“Las autoridades que hoy estamos al frente de la UAM tenemos la oportunidad histórica de dar un paso contundente en nuestra transformación universitaria y no vamos a delegar este reto; será la comunidad en su conjunto quien deberá hacerla suya, en el día a día”, aseguró el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de esta casa de estudios.

En su intervención, dijo tener la certeza de que dicha iniciativa redundará en una actuación más útil y focalizada de las distintas instancias universitarias dedicadas a la prevención, atención y acompañamiento de personas víctimas de violencia.

Desde las instalaciones de la FGJCDMX, señaló que durante la última década, la UAM ha experimentado manifestaciones de colectivos y colectivas académicas administrativas y estudiantiles que con toda libertad han demandado una transformación sustantiva que desde la normativa, los procedimientos y prácticas institucionales garanticen mecanismos para el ejercicio de la igualdad, los derechos de las colectividades sexo-diversas y de las disidencias sexo-genéricas y una vida libre de violencia.