Ante la grave situación económica y social por la que atraviesan trabajadores de todo el mundo, el Labour 20 (L20) solicita que se tomen medidas rápidas para abordar los problemas más acuciantes, a saber: los bajos niveles salariales en tiempos de elevada inflación, la necesidad de crear millones de puestos de trabajo de calidad, y el acceso a protección social y servicios públicos.

 

Plataforma   Laboral

+Urgen millones de puestos de trabajo dice el G20 

+Intervienen funcionarios en temas sindicales

+Urge recuperar el estado de Derecho en el mundo

Armando Téllez Flores

Ante la grave situación económica y social por la que atraviesan trabajadores de todo el mundo, el Labour 20 (L20) solicita que se tomen medidas rápidas para abordar los problemas más acuciantes, a saber: los bajos niveles salariales en tiempos de elevada inflación, la necesidad de crear millones de puestos de trabajo de calidad, y el acceso a protección social y servicios públicos.

El mercado laboral mundial se ha visto gravemente afectado por determinadas decisiones macroeconómicas, como, por ejemplo, el endurecimiento de las políticas monetarias, la contención salarial y la austeridad. Cientos de millones de personas se encuentran desempleadas, miles de millones trabajan en el ámbito de la economía informal y se calcula que 214 millones tienen empleos tan precarios que sus sueldos no les permiten salir de la pobreza extrema.

Los ministros de Trabajo del G20 asumieron anteriormente una serie de compromisos respecto a la participación de la renta del trabajo, los principios de salarios justos y los derechos de los trabajadores, pero la aplicación de estos compromisos ha sido lenta.

Bajo la presidencia india del G20, los ministros se centrarán en ampliar la protección social a los trabajadores de plataformas, así como en mejorar la financiación de los sistemas de protección social y eliminar los déficits de competencias a escala mundial.

Para abordar estos y otros retos subyacentes, el L20 solicita a los ministros de Trabajo del G20:

Abogar por políticas fiscales y monetarias que propicien una transición justa y aborden los enormes déficits de inversión en servicios públicos, protección social e infraestructura.

Garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los trabajadores de plataformas, se beneficien de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT y dispongan de acceso a la protección social de conformidad con el Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social y la Recomendación 202 sobre los pisos de protección social.

Solicitar una ampliación de la base contributiva de los sistemas de protección social con estrategias de formalización, la eliminación de la evasión y el fraude fiscal, una fiscalidad progresiva y un fondo mundial de protección social para los países más pobres.

El L20 insta a los ministros a debatir y coordinar políticas y financiación para una transición justa hacia una economía neutra en cuanto a emisiones de carbono, con creación de empleo de calidad en el ámbito de las energías renovables, la recuperación de los ecosistemas, y unas infraestructuras y servicios públicos ecológicos…

¿Preocupados por la seguridad? Sí, pero de sus protegidos, aliados y amigos, más no de los trabajadores. Así es como se comportan las autoridades laborales y toda su estructura institucional, y es que curiosamente pareciera que están al servicio de unos cuantos.

Napoleón Gómez Urrutia es uno de los elegidos, a él se le atiende de manera rápida, no hay tramitología, no hay tiempo de espera, se hace lo que el millonario senador de Morena quiere.

Es algo que hay que denunciar, no sólo se trata de que la justicia no es imparcial, sino que se pone en riesgo los derechos laborales y miles

FUNCIONARIOS FEDERALES INTERVIENEN EN TEMAS SINDICALES

El diputado y líder minero Carlos Pavon, escribió en el diario 24 Horas que hace tan sólo unos meses, en el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, como titular del Contrato Colectivo de Trabajo de la mina Tayahua, solicitamos a la Secretaría del Trabajo una inspección urgente de seguridad e higiene, ya que se habían registrado accidentes y la muerte de una compañera minera; sin embargo, la autoridad laboral ignoró la petición, no hubo interés, ganas de trabajar o simplemente les valió la vida de los mineros.

La empresa dueña de esa mina hizo tratos en lo oscurito con Los Napillos, los impuso como comité local, violando de manera tajante la autonomía sindical y los derechos laborales.

Los hechos se denunciaron y, adivinen qué, las autoridades fueron cómplices y gestores de las solicitudes oficiales que Napillo y el comité hacían en esta mina, sin importar la usurpación de funciones.

Recientemente, vivimos un recuento en la mina de Tizapa, los Centros de Justicia Laboral que dependen de la Secretaría del Trabajo dieron cátedra de inexperiencia y poca capacidad para realizar este procedimiento. Denunciamos varias irregularidades y que Napillo echó mano de intereses oscuros para sumar votos, pero tampoco importó, nadie se metió.

Bajo amenazas, acosando y sembrando el terror, es como se mueve Napillo, sabe que solo no puede, es toda una maquinaria de corrupción y presión la que implementa en cada recuento.

Hoy sabemos que además de los grupos ajenos al sindicalismo, los llamados Siervos de la Nación hicieron campaña calle por calle en favor del senador de Morena, prometieron pie de casas a cambio del voto.

Tiempo atrás, en Tizapa, se levantaron denuncias penales contra Los Napillos por intentar causar un accidente al boicotear las instalaciones de la mina, también se dio aviso a la Secretaría del Trabajo pero de nada sirvió, el silencio y ceguera de las autoridades son permanentes.

No solo guardan silencio, sino que ayudan y trazan el camino para que Gómez Urrutia se imponga. A días del recuento de Tizapa, Los Napillos solicitaron a la Secretaría del Trabajo una inspección de seguridad en la mina, casualmente su petición fue atendida con prioridad, esto a pesar de que Tizapa cuenta con un sistema propio de revisión y verificación semanal en el tema.

La protección y apoyo a Napillo son claros, no importa que haya robado 55 millones de dólares, que extorsiona empresas, que haga de las cuotas sindicales su mina de oro.

Entendamos que lo que se pone en riesgo no son los caprichos de un exprófugo de la justicia, lo que está realmente en juego es el empleo y sustento de miles de familias y los derechos laborales.

A Napillo ya lo libraron de la cárcel mínimo por seis años al regalarle o negociar con él su senaduría, le permitieron regresar a México, le dieron voz y voto dentro del Congreso a pesar de ser canadiense. ¿No creen que ya fue suficiente?...

URGEN GRANDES EXPONENTES DE LA CIENCIA JURÍDICA LATINA A RECUPERAR EL ESTADO DE DERECHO

Los más importantes representantes de la Ciencia Jurídica del mundo latino alertaron sobre la muerte lenta de la democracia, al comparar el estado actual de las cosas con la rápida transformación provocada por los regímenes autoritarios apoyados por golpes de Estado del Siglo pasado en América Latina, y urgen a generar un papel más activo desde la academia para recuperar el Estado de Derecho.

Apareció una categoría que muchos la presentan como “La ilusión democrática”, como lo que ocurrió en los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, en Turquía, Hungría, en América Latina con Bolsonaro y cosas como lo que ocurre ahora en México, donde el poder concentrado aprovecha los privilegios que tienen, las herramientas y la falta de controles para, poco a poco ir desatornillando las tuercas, ir desarmando el sistema de controles, observó el especialista argentino Roberto Gargarella.

“Ahorra ocurre esta muerte lenta de la democracia, se va dando por pasos, pero al final puede llegar a ser de manera integral, algo que se parezca más a un sistema autoritario que a un sistema democrático; es un fenómeno generalizado y preocupante”, agregó el experto en Derecho e interpretación constitucional.

Hoy, especialmente, terció el experto italiano Luigi Ferrajoli, la tecnología ha sido puesta al servicio del mercado y del poder, no de la democracia y se corre el riesgo de que se convierta en una fuente muy peligrosa de legitimación, en el sentido que puede legitimar con la fuerza de la difusión que conlleva el uso de la tecnología.

Ferrajoli, discípulo del jurista, abogado, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio, dijo que no hemos hecho absolutamente nada sobre legislaciones de los derechos fundamentales que se han producido recientemente, algunas muy imperfectas respecto de garantías jurisdiccionales.

Juan Antonio García Amado, líder de este gran grupo de expertos iberoamericanos de la Ciencia Jurídica a través de SíLex, realizó una llamada a la responsabilidad de la academia, a la responsabilidad de los profesores y a la responsabilidad de las facultades de Derecho para ser más activos en lo que está ocurriendo en el mundo actual.

Expresó que la mayor parte de las universidades y las facultades de Derecho son ajenas al mundanal ruido, ajenas a los derechos, ajenos a los problemas sociales. “Los profesores llegamos a dar nuestra lección del día con gesto distanciado, mientras que los estudiantes, tal vez por causa nuestra, en pocas horas, se entretienen con sus aparatos electrónicos y todo transcurre tan pacíficamente y tan tranquilamente como si nada sucediera en la escuela”, destacó.

SíLex es una comunidad donde se han integrado los más importantes expertos en la Ciencia Jurídica Iberoamericana, donde destacan, además de Luigi Ferrajoli, Roberto Gargarella y Juan Antonio García Amado, personajes como Perfecto Andrés Ibáñez, Flavia Carbonel Bellolio, Manuel Atienza Rodríguez, Pierluigi Chiassoni, Pedro Grández Castro, Marina Gascón Abellán, Jordi Ferrer, Carmen Vázquez Rojas, Jorge Cerdio Herrán y los mexicanos que participaron como ponentes en el I Congreso Internacional “Constitucionalismo y Argumentación”, José Ramón Cossío Díaz, Sergio García Ramírez, Francisco Javier Díaz Revorio y Julieta Morales Sánchez, entre otros.

SíLex es una organización dedicada a la formación jurídica de alto nivel, que cuenta con expertos en toda el mundo de habla hispana y su sede logística, tecnológica y administrativa se encuentra en La Paz, Baja California Sur.