domingo, 6 de octubre de 2019

SERA UN LUNES DE CAOS LA CIUDAD DE MEXICO Y VARIOS ESTADOS DEL PAIS POR MANIFESTACION DE TAXISTAS


Plataforma   Laboral
+Dia de caos en la CDMX por taxistas
+La justicia laboral será más eficaz: STPS
+Refrendan respaldo a la CNDH en la ONU
Armando Téllez Flores
Nuevamente la Ciudad de México será convertida en un caos, ante la impotencia de las autoridades capitales, pues el Movimiento Nacional de Taxistas (MNT) se manifestará de nueva cuenta este en 28 entidades del país, incluida Ciudad de México, contra el transporte que carece de concesiones y otorga servicio vía aplicaciones digitales.
De acuerdo con Bersaín Miranda, presidente de la agrupación, se espera la participación de unos 150 mil afiliados que no realizarán bloqueos, pues se trata de una rodada en protesta por incumplimiento de acuerdos.
El dirigente acusó a las autoridades de privilegiar la piratería y la ilegalidad en el transporte público, en lugar de apoyar al transporte regulado y concesionado.
El líder de los taxistas aseguró que mantienen su postura en contra de que se otorgue el servicio de taxis en vehículos particulares y no en aquellos que cumplen con el pago de revista, placas y taxímetros.
Se prevé que las movilizaciones inicien a las cinco de la mañana y que a las 7 se concentren en el Ángel de la Independencia donde realizarán un mitin hasta las 14:00 horas.
Las zonas afectadas serán: Norte: Indios Verdes, Insurgentes, Periférico. Poniente: Polanco, Santa Fe.Oriente: Zaragoza, Tláhuac, Iztapalapa. Centro: Reforma, Insurgentes, Viaducto
Así como los cuatro accesos carreteros a la Ciudad de México, las autopistas México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Querétaro.
El Gobierno de la Ciudad de México alertó a la población acerca de las manifestaciones que anunciaron integrantes del Movimiento Nacional Taxista para el lunes 7 de octubre, en contra de las aplicaciones para el servicio de transporte individual de pasajeros.
La secretaria de Gobierno de la capital, Rosa Icela Rodríguez, dijo que este aviso se realiza con el fin de que la ciudadanía esté prevenida y no se vea afectada con la movilización de los taxistas.
Las autoridades dieron los detalles de la protesta para que los ciudadanos tomen precauciones.
Las zonas afectadas serán principalmente el norte, el poniente y el oriente de la capital, según estimaron las autoridades. Esto se debe a que muchos de los participantes provendrán de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Atizapán y Cuautitlán, en el Estado de México, así como de las zonas de Indios Verdes, San Felipe, Santa Fe, Polanco y Tláhuac, en la CDMX.
Sí. La secretaria de Gobierno dijo que ese día la policía capitalina mantendrá un operativo vial, mientras que el Metro y el Metrobús operarán de manera normal, como alternativas para la población.
El 30 de septiembre, los dirigentes del Movimiento Nacional Taxista informaron que esta movilización se llevará a cabo dado que, en su opinión, las autoridades privilegian a los operadores por aplicación, en lugar de apoyar al transporte regulado y concesionado. Por ello, el objetivo de esta movilización es exigir que no haya trato especial y que se aplique la ley a conductores y concesionarios.
LA JUSTICIA LABORAL SERA MAS PRONTA Y EXPEDITA
La justicia laboral para los trabajadores del país será más rápida y eficaz, al quedar a cargo de los Poderes Judiciales Federal y estatales, al ser más breve su trámite, al pasar de un promedio de cuatro años a 6 meses aproximadamente para obtener una sentencia definitiva, señaló en un comunicado la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
La Reforma Laboral, publicada el pasado 1 de mayo, establece que los conflictos laborales pasarán de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a manos del Poder Judicial, el cual implementará tribunales especializados que deberán ceñirse al sistema oral para impartir justicia.
Este nuevo sistema de justicia laboral plantea que, antes de acudir ante un tribunal laboral, trabajadores y patrones tendrán que acudir a un centro de conciliación, por lo que sólo en caso de no llegar a un acuerdo podrán iniciar un juicio, el cual se desahogará en dos audiencias con plazos mucho más breves que los actuales.
De esta forma, un procedimiento ordinario comenzará con la presentación de la demanda del trabajador, en la cual deberán anexarse las pruebas y la constancia de no conciliación expedida por el Centro de Conciliación, en la que se certifique que no hubo acuerdo entre las partes.
En las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda, se turnará al Tribunal correspondiente, el cual deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los tres días siguientes. Una vez admitida la demanda, el Tribunal tiene cinco días para notificar a la parte demandada, quien a su vez tiene 15 días para contestar y presentar las pruebas a su favor. Hasta aquí sumarían 24 días.
Al contestar la demanda, el patrón puede aceptarla, supuesto en el cual el juez citará a la audiencia de juicio para dictar sentencia, la cual debe ser en un plazo no mayor a 10 días. Este procedimiento es de 34 días, desde que se presenta la demanda.
En caso contrario, de continuar con el juicio, se dará vista al demandante con la contestación de demanda y pruebas de su contraparte, para que en un plazo de 8 días objete las pruebas de la demandada, formule observaciones de la contestación de demanda y, en su caso, ofrezca pruebas.
De hacerlo, con el escrito y anexos, se entregará copia a la demandada para que, en el término de 5 días, objete las pruebas ofrecidas por el trabajador y realice las manifestaciones derivadas de la réplica del trabajador.
En esta parte del juicio existe la posibilidad de llamar a juicio a algún tercero, supuesto en el cual dicho tercero contará con 15 días para realizar sus manifestaciones.
Una vez concluidos los plazos referidos, se citará a una audiencia preliminar, la cual tiene por objeto depurar el procedimiento, establecer los hechos no controvertidos y acordar sobre las pruebas, debiendo comparecer tanto del trabajador como el patrón.
En la audiencia preliminar se señalará día y hora para la audiencia de juicio, en la que se desahogarán las pruebas, se formularán los alegatos, se declarará cerrada la etapa de instrucción y se emitirá la sentencia, con lo que se pondrá fin al procedimiento. En estos casos se estima un plazo de 6 meses.
De esta forma, se favorece al trabajador en la impartición de justicia laboral, se reduce la posibilidad de prácticas dilatorias y corrupción en el procedimiento jurisdiccional.
RELATORÍAS DE LA ONU REFRENDAN RESPALDO A LA CNDH ANTE DESCALIFICACIONES DE AUTORIDADES FEDERALES
Las Relatorías Especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU refrendaron su respaldo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a las descalificaciones en su contra emitidas por el Presidente de México y otras autoridades federales.
El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voulet, y el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, quienes suscriben el documento dirigido al Presidente de México, plantean expresar públicamente sus preocupaciones al respecto, pues consideran que las informaciones que han recibido son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica atención inmediata, y que la opinión pública debe ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las afirmaciones referidas.
Ambos Relatores recuerdan al Presidente de México que la CNDH es una Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) acreditada con estatus “A”, toda vez que cumple con los denominados  “Principios de París” y, sin prejuzgar sobre la información recibida, le expresaron su preocupación respecto de las acciones y declaraciones contra el Organismo Nacional, ya que las INDH son actores clave en la promoción del derecho a defender los derechos humanos y están llamadas a ser la piedra angular de los sistemas nacionales de protección de los derechos fundamentales.
Tras mencionarle que la CNDH contribuye a generar un ambiente propicio para la promoción y la protección de los derechos humanos, le recuerdan la importancia de que el Poder Ejecutivo promueva espacios de diálogo mientras reafirma su compromiso con tales derechos en sincronía con las instituciones nacionales que cumplen con su mandato de proteger y promover las prerrogativas básicas de las y los mexicanos. Señalan que “Es preocupante que a través de declaraciones públicas, el titular del poder ejecutivo federal desacredite la independencia de una institución nacional de derechos humanos”.
“Lamentamos que –añaden—, de ser verificados estos hechos, pongan en riesgo la independencia de los organismos autónomos, como lo es la CNDH, toda vez que desde una posición pública de poder, tales declaraciones no conducirían a crear un entorno propicio para que dichos organismos puedan llevar a cabo las funciones previstas en su mandato, sin injerencias del poder ejecutivo”.
Afirman que es entendible que haya diferencias entre las instituciones de esta naturaleza y el gobierno, ante lo cual subrayan que el debate público sobre la actuación de las INDH es un elemento de fortalecimiento para éstas. Sin embargo, las expresiones deben realizarse de forma cooperativa, dentro de los estrictos límites del funcionamiento de la institución, ya que son preocupantes el lenguaje y los medios empleados por el poder ejecutivo federal al referirse al trabajo de la CNDH, ya que generan un entorno hostil que deslegitimiza tanto a ese Organismo como la labor de protección y promoción de los derechos humanos en general.
“Nos preocupa en particular –aseguran—, el impacto que estas declaraciones pueden tener en la sociedad, y sobre todo en las personas defensoras de derechos humanos, que pueden sentirse en menos seguridad para ejercer plenamente su labor. Igualmente tienen un impacto en la plena vigencia de los derechos humanos, particularmente de quienes se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad”.
En el documento fechado el pasado 29 de julio en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza, dichos Relatores Especiales señalan contar con información respecto del rechazo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar a la Recomendación 29/2019 de la CNDH, justificando que el Estado mexicano no incumplió con el principio de progresividad y no regresividad, así como de las expresiones del Ejecutivo federal que rechazó esa Recomendación durante una conferencia de prensa pública, calificándola como “inaceptable y hasta una vergüenza”, y agregando que de aceptarla se cometería una violación de derechos humanos, ante lo cual le recuerdan que, como lo establece la Constitución Mexicana, todo servidor público está obligado a responder a las recomendaciones de la CNDH, y en caso de no aceptarla, la negativa debe estar fundada, motivada y hacerse pública.
También le hacen saber que tienen información sobre cuatro acciones de inconstitucionalidad que la CNDH presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las leyes secundarias que se derivan de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, y le recuerdan que declaró que la CNDH “no tiene mucha autoridad moral porque guardaron silencio cómplice cuando el Estado era el principal violador de derechos humanos”, y también sobre el hecho de que el informe anual de labores de la Comisión Nacional, por primera vez en la historia del Organismo, se entregara en versión impresa a la Secretaría de Gobernación, en lugar de realizar un evento público con la presencia del Presidente de la República, en que se hubiera entablado un espacio de diálogo para exponer la situación actual de los derechos humanos en México, así como un intercambio sobre los retos y las situaciones que demandan atención particular.
Para consulta en la página web de la CNDH:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/Mandatos_relator_especial.pdf
 Procedimiento para acceder a la comunicación: Información recibida en relación con las acciones y declaraciones descalificadoras emitidas por el Presidente de la República y otras autoridades del poder ejecutivo federal sobre el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), institución nacional de derechos humanos acreditada con clase A por su cumplimiento de los Principios de Paris….
(tellezflores@hotmail.com)

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