Plataforma Laboral
+En vigor nuevas disposiciones en subcontratación
+Concurso Periodístico sobre Migración Laboral
+Juicios políticos no debe emplearse con opositores
Armando Téllez Flores
A partir del día primero este mes, todas las nuevas
disposiciones en materia de subcontratación están vigentes y, con ello, las
implicaciones penales en caso de simular servicios especializados o firmar
contratos para suministro de personal; asimismo, vencieron los nuevos plazos
previstos para la regularización de las empresas que tenían contratos de
subcontratación laboral y para los negocios que desean prestar servicios
especializados en el mercado. Al mismo tiempo, entraron en vigor todas las
disposiciones de seguridad social y de materia fiscal.
La CTM publicó en su medio de comunicación que entre las nuevas reglas aplicables está la subcontratación laboral o la simulación de los servicios especializados que se equipara a delito de defraudación fiscal que puede ser castigado hasta con nueve años de prisión, según el Código Fiscal de la Federación.
Además, las facturas por concepto de suministro de personal
o de subcontratación de servicios especializados que no cuenten con la
inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras
Especializadas (Repse) pierden sus efectos para deducibilidad.
A partir del 1 de septiembre todos los contratos de
tercerización deben contar con el registro en el padrón público operado por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que las facturas emitidas
por los contratistas tengan efectos de deducibilidad y acreditamiento ante el
ISR y el IVA.
La reforma de subcontratación contempló la modificación a
ocho ordenamientos legales, con ello, desde abril quedó prohibido el
outsourcing basado en suministro de personal. Los cambios en la legislación establecieron
nuevas reglas para la subcontratación, como la tercerización de servicios,
siempre que no formen parte del objeto social y actividad económica preponderante
del cliente y que el contratista cuente con el Repse.
Las modificaciones al esquema de subcontratación también
incorpora ron las multas por incumplimiento más elevadas en la historia de la
legislación laboral.
La empresa que preste o se beneficie de servicios especializados
que no cuenten con el registro ante la STPS, puede ser sancionada con una multa
de hasta 4 millones 481,000 pesos.
Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
refiere que más de 100,000 empresas han iniciado el trámite en el Repse, de las
cuales 65,000 ya lo concluyeron.
A partir de este mes, entre las nuevas obligaciones que
deben cumplir las empresas que se dedican a ofrecer servicios especializados se
encuentran los informes cuatrimestrales sobre los contratos celebrados que
deben entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El 17 de
septiembre es la fecha límite para entregar
el primer reporte.
Los reportes cuatrimestrales son una nueva regla que deberán
seguir las empresas de subcontratación, estos reportes deberán compartirse con
las autoridades en enero, mayo y septiembre de cada año.
Este rol que asumirán las empresas que subcontraten
servicios está vinculado a la inclusión en la legislación de la responsabilidad
solidaria que tienen los clientes con los trabajadores que pone a disposición
el contratista.
Algunos especialistas coinciden en que el siguiente escenario
no está exento de una ola de amparos debido a las dudas y diferentes interpretaciones
en torno a las nuevas reglas.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe expresamente la
subcontratación laboral entendida como poner trabajadores propios a disposición
de otra empresa. Sin embargo, los lineamientos del Repse indican que los
servicios especializados son aquéllos que se prestan poniendo a disposición
trabajadores propios en beneficio del cliente.
En diversos foros, la STPS ha explicado que “poner a
disposición trabajadores en beneficio de otra” se entiende cuando un
contratista envía al centro de trabajo del cliente a sus trabajadores para
cumplir con las actividades establecidas en el contrato.
Ante este panorama, es probable que las empresas de algunos
sectores como el de construcción y comercio se amparen ante la aplicación de la
reforma….
¡EL CONCURSO MUNDIAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE
MIGRACION LABORAL YA ESTA ABIERTO ¡
El Concurso tiene como objetivo reconocer los informes
justos y equilibrados de los medios de comunicación que contribuyen a la
eliminación de la percepción errónea del público, la xenofobia y la
discriminación contra los trabajadores migrantes y destacar las contribuciones
positivas que hacen.
Este año, la cobertura mediática específica del impacto de
la COVID-19 en la migración laboral y la contratación justa, incluidas las
contribuciones de los trabajadores migrantes de cuidado, será vista
favorablemente, así como las historias sobre los trabajadores domésticos
migrantes para conmemorar el 10 aniversario del Convenio de la OIT sobre los
trabajadores domésticos, 2011 (núme. 189).
El concurso está abierto a ambos periodistas profesionales y
estudiantes. Los ganadores serán seleccionados por un panel de expertos en
migración internacional y periodismo, basados en la creatividad, la precisión y
el equilibrio, la protección de los migrantes y la representación positiva de
la migración laboral (ver Términos y Condiciones para más detalles).
Cómo participar
Complete el formulario de inscripción en línea como
participante "profesional" o "estudiante". Puedes enviar tu
pieza en los siguientes formatos: prensa escrita, ensayo fotográfico,
multimedia, podcast, video y/o radio. Los estudiantes pueden enviar un artículo
de prensa publicado o no publicado. Ver el completoTérminos y condiciones para
más detalles.
Fechas clave
15 de octubre de 2021 (23:59, hora de Europa Central): Fecha
límite para las presentaciones, a través del formulario de inscripción en
línea.
18 de diciembre de 2021: Los ganadores del concurso se
anunciarán para celebrar el Día Internacional del Migrante (los ganadores serán
contactados con anticipación)
Premios
El concurso otorgará tres premios profesionales y un premio
estudiantil. Los ganadores podrán elegir entre dinero en efectivo (USD 1,200 en
la categoría profesional y USD 500 para la categoría de estudiante) o una beca
pagada para participar en un online Curso ITC-Turín sobre un tema de
contratación justa o migración laboral en 2022 (consulte los Términos y
condiciones completos para obtener más detalles).
Para más información...
Para obtener más información sobre los concursos actuales y
anteriores, consulte la página del Concurso Mundial de Medios de Comunicación y
para obtener más información sobre la participación de la OIT en los medios de
comunicación en cuestiones de contratación justa y trabajo forzoso, visite la
página dedicada.
JUICIOS POLÍTICOS NO DEBEN SER USADOS PARA PERSEGUIR A
OPOSITORES: GPPRI
En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) creemos que
el juicio político debe ser una garantía del sistema constitucional, para
sancionar a los servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades,
pero no podemos avalar un proyecto que responde a presiones políticas, porque
en la premura, está el riesgo de afectar la gobernabilidad de nuestro país,
afirmó Ana Lilia Herrera, diputada federal del Grupo Parlamentario de este
instituto político.
Al presentar una moción suspensiva a la Iniciativa con
dispensa de trámite por la que se expide la Ley Federal de Juicio Político y
Declaración de Procedencia, que fue desechada por mayoría, la legisladora
manifestó la preocupación de su bancada por las gestiones procedimentales tan
atropelladas que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados proponen, para
discutir temas de gran relevancia para el país, brincándose procesos
legislativos, rescatando propuestas de legislaturas pasadas y evitando los
debates en comisiones.
Posteriormente, al anunciar que el tricolor votaría en
contra de la iniciativa, por ser un albazo de Morena y sus aliados, el diputado
Marco Antonio Mendoza advirtió que el
GPPRI no puede permitir que el Poder Legislativo se transforme en un órgano de
revanchismo político, que utilice los procedimientos constitucionales como
vendettas personales. Expuso que no se trata de un texto jurídico, sino
político, cuyos vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial
peligro para la estabilidad del país.
El representante del partido tricolor hizo un llamado a la
prudencia y a realizar un análisis a fondo, a fin de generar una nueva
propuesta, que no violente la Constitución, ya que la iniciativa presenta
deficiencias que vulneran los principios más básicos de los derechos
fundamentales, violenta el debido proceso y atenta contra la separación de
poderes. Ejemplificó que se plantea la creación de un tribunal especial para
juzgar penalmente al Presidente ante el Senado, lo ue está prohibido por la
Carta Magna.
Por su parte, Pablo Angulo Briceño consideró que la
expedición de la Ley en discusión marca una línea que pretende definir una
agenda política para el final del sexenio, en la cual se corre el riesgo de
establecer directrices para proteger a allegados y perseguir a la oposición.
En primer lugar, indicó, la iniciativa quebranta la lógica
interna del principio de división de poderes, así como los mecanismos para
mantener su equilibrio, ya que busca transgredir los principios de soberanía de
las entidades federativas, anteponiendo un interés profundamente
anti-federalista e inconstitucional.
“Estamos aquí para crear leyes que sirvan a la gente, bien
pensadas, debatidas, producto de deliberaciones en parlamentos abiertos. No nos
prestamos a legislar con el sello de la sumisión que caracteriza a la mayoría
oficialista, aprobando leyes hechas a modo, con prisas, con errores, que las
convierten en normas impugnables y, por tanto, inservibles”, enfatizó Ana Lilia
Herrera, en una segunda intervención.
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