Plataforma
Laboral
+Gobiernos no abordan desempleo, como México
+Avanza reforma de INFONAVIT para trabajadores
+Riesgo la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica
Armando Téllez Flores
QUADRATIN MEXICO
CIUDAD DE MEXICO a 10 de Marzo del 2021.- Un año después
de estallar la pandemia de COVID-19, la crisis sanitaria ha expuesto las
carencias en el acceso a la protección social, con consecuencias devastadoras
sobre la gente trabajadora y los hogares han de hacer frente a la pérdida de
empleos y horas de trabajo.
En los diez países del G20 cubiertos por la encuesta, en la mitad (49%) de los hogares alguien ha perdido su empleo o ha visto reducidas sus horas de trabajo debido a la pandemia.
La encuesta, encargada por la CSI a la empresa internacional
de estudios de mercado YouGov, cubre diez países del G20: Australia, Brasil,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Indonesia, Italia, Japón y
México. La consulta se llevó a cabo entre el 2 y el 17 de febrero de 2021.
“Los trabajadores reclaman un Nuevo Contrato Social con
empleos, protección social, igualdad e inclusión. La pandemia ha puesto de
manifiesto la ausencia de protección social para la mayoría de la población
mundial, incluyendo protección del empleo para aquellas personas que han
perdido sus medios de subsistencia. La falta de protección social implica que
el virus se propague más rápida y ampliamente, al obligar a algunas personas
infectadas a seguir trabajando para sobrevivir”, afirmó Sharan Burrow,
secretaria general de la CSI.
Aunque la pandemia y sus consecuencias han sido
mundiales, la repercusión resulta más importante para la población en unos
países que en otros, intensificando las desigualdades, lo que frenará el
crecimiento económico y la estabilidad.
En Indonesia, casi tres cuartas partes (74%) de la
población indicaban que en su hogar alguien había perdido su empleo o se
redujeron sus horas de trabajo a causa de la pandemia.
En Brasil, en el 66% de los hogares alguno de sus
miembros perdió su empleo o le redujeron sus horas de trabajo a causa de la
pandemia. En México (63%) y la India (61%) se obtuvieron resultados similares.
“Trabajando juntos para lograr un Nuevo Contrato Social
para la recuperación y la resiliencia, los gobiernos deben adoptar planes de
creación de empleo, especialmente en los sectores de sanidad y cuidados, y con
una transición jutas hacia un futuro con cero emisiones de carbono. Los empleos han de ser el pilar para la
recuperación, puesto que brindan a las personas los medios para reconstruir las
economías desde la base”, añadió Sharan Burrow.
La mitad de los encuestados pide que los gobiernos hagan
más para crear empleo, dado que la pérdida de empleos y horas de trabajo está
haciéndose sentir.
El 54% de la población en los diez países del G20
considera que su gobierno debería hacer más con vistas a crear empleo para los
trabajadores y trabajadoras afectados por la pandemia.
En México, el 71% –casi tres cuartas partes– de la
población piensa que su gobierno debería hacer más en cuanto a la creación de
empleo. En Brasil (67%) y Japón (65%) alrededor de dos tercios de la población
considera que su gobierno debería hacer más al respecto.
La mitad o más de los encuestados en Indonesia (58%),
EEUU (51%) y la India (50%) piensan que su gobierno debería hacer más, al igual
que el 45% de la población en Gran Bretaña y el 43% en Australia.
“Los líderes del G20 deben situar los empleos y la
protección social –incluyendo un fondo mundial para la protección social– como
elementos centrales de los esfuerzos para la recuperación. La gente necesita
esperanza, y todos los gobiernos han de tener un plan de empleo”, concluyó
Sharan Burrow…..
AVANZA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LEY DEL INFONAVIT
PARA LOS TRABAJADORES
Con la reforma, los derechohabientes del Instituto podrán
usar su crédito para comprar un terreno, autoproducir una vivienda y
refinanciar una deuda y se permitirá que los trabajadores, con dinero en la
Subcuenta de Vivienda, puedan acceder a un crédito independientemente de si en
el momento de hacerlo están activos en el IMSS, señaló Carlos Martínez,
director del INFONAVIT en conferencia de prensa virtual.
Dijo que la implementación de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) avanza para
garantizar la inclusión financiera de las y los trabajadores de México. El
martes 9 de marzo arrancaron las mesas de negociación –entre los sectores
empresarial, obrero y gubernamental– de las Políticas de Crédito y las Reglas
de Otorgamiento de Crédito que fungirán como el andamiaje normativo de los
nuevos financiamientos que el Instituto otorgará.
Gracias a la reforma promulgada el 16 de diciembre de
2020 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los derechohabientes
podrán utilizar su crédito para la compra de terreno y la autoconstrucción de
vivienda en un lote de su propiedad. Además, tendrán la posibilidad de
refinanciar una deuda adquirida con otra institución financiera –para acceder a
mejores términos y condiciones– y
obtener un número ilimitado de créditos subsecuentes, habiendo liquidado el
anterior.
Se contempla que las personas que actualmente no se
encuentran dados de alta en el IMSS, pero que cuentan con ahorros en su Subcuenta
de Vivienda, puedan utilizar este recurso para la obtención de un crédito, de
acuerdo con las reglas de operación que determine el Consejo de Administración
del Infonavit.
La reforma establece, de igual manera, la obligación del
Instituto de brindar mayor información al momento de elegir su crédito y
ejercerlo en total libertad, de forma directa y sin intermediarios, combatiendo
el coyotaje y la publicidad engañosa.
La negociación de las Políticas de Crédito y Reglas de
Otorgamiento de Crédito se realizará en dos rondas, el objetivo es que el 16 de
abril del presente puedan ser aprobadas por el Consejo de Administración del
Instituto. A su vez, las Políticas de Crédito serán puestas a consideración de
la Asamblea General el 29 de abril, para después ser enviadas –en conjunto con
las Reglas– a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) para realizar un
análisis de impacto regulatorio.
A partir de la aprobación de las Políticas de Crédito y
Reglas de Otorgamiento de Crédito, a lo largo de lo que resta del año, el
Infonavit lanzará nuevos financiamientos que se sumarán a aquellos presentados
o modificados durante el año pasado, en línea con el espíritu de la reforma,
como ConstruYO y Mejoravit….
LA REFORMA A
LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA UN RIESGO ECONOMICO
El día de
ayer, 9 de marzo del 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIE.
Esta reforma privilegia a la CFE por encima de los productores particulares de
energía. Es decir, privilegia a las energías provenientes de energéticos
fósiles -como el combustóleo y el carbón- por encima de las denominadas
energías limpias (eólicas y solares).
El contenido
de esta reforma no es más que una síntesis de diversos actos administrativos
previamente emitidos por las principales autoridades del sector energético en
México. A través de dichos actos se pretendió: Primero, desaparecer los
Certificados de Energía Limpia (CELs); posteriormente, suspender las pruebas
preoperativas de las centrales eólicas y fotovoltaicas; más tarde, aumentar el
uso de las centrales de la CFE y disminuir el de las plantas privadas; y,
finalmente, incrementar las tarifas para los sectores energéticos industrial y
comercial.
No obstante,
estas pretensiones encontraron tope en el Poder Judicial, a través del oportuno
otorgamiento de suspensiones y amparos.
La actual
reforma revive dichas pretensiones a través de cinco ejes. En primer lugar, se
altera el sistema de despacho de energía; ya no se despachará primero la
energía más barata, sino la proveniente de la CFE.
En segundo
lugar, desaparecen las subastas obligatorias para la compra de energía
adicional a los particulares (mayormente, eólica y solar). En tercer lugar, los
CELs serán otorgados a cualquier productor, sin importar la antigüedad de la
planta, cancelándose el principal incentivo para nuevos proyectos de energías
limpias.
En cuarto
lugar, la CRE podrá revisar e invalidar los permisos de autoabastecimiento que
hayan sido obtenidos mediante un supuesto “fraude a la ley.” Y, por último, los
contratos de compraventa de energía eléctrica con productores independientes
(regulados al amparo de la ley anterior) serán revisados para “garantizar” su
rentabilidad para el gobierno federal (de encontrarse que no se garantiza dicha
rentabilidad, los mismos serán renegociados o terminados anticipadamente).
La ICC México
considera que existen elementos para sostener que la reforma a la LIE es
inconstitucional y anticonvencional.
Es
inconstitucional porque es contraria a los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 25,
27, 28 y 33 de nuestra Constitución Federal. Es decir, porque viola la
obligación estatal genérica de defensa de los derechos humanos; el derecho a la
salud y a un medio ambiente sano; el principio de irretroactividad de la ley;
el principio de seguridad jurídica; el principio de sustentabilidad y
competencia; la prohibición de monopolios; y el respeto a los tratados
internacionales.
Además,
resulta anticonvencional porque es contraria a los principios de protección a
la inversión extranjera, competencia, medio ambiente y buenas prácticas
regulatorias contenidos en los capítulos 14, 21, 24 y 28 del T-MEC; al
principio antimonopolios del artículo 17 del Tratado de Asociación
Transpacífico; al artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo; al Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU;
a los compromisos de México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático; y porque pone en riesgo el cumplimiento de las metas trazadas
en el Acuerdo de París.
Como
consecuencia, se advierte una oleada de acciones de inconstitucionalidad,
controversias constitucionales y amparos, por lo que será el Poder Judicial el
encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma. En caso de
prosperar, se vislumbra inminente el inicio de múltiples arbitrajes de
inversión a la luz de los acuerdos internacionales firmados por México y que establecen
un marco de protección y seguridad para los inversionistas extranjeros y sus
inversiones en nuestro territorio.
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