PROTECCION CABAL A
PERIODISTAS EXIGE LA CNDH
Armando Téllez Flores
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a
conocer su Recomendación General número 24 Sobre el ejercicio de la libertad de
expresión en México, derecho que, dijo, enfrenta uno de los momentos más
críticos y complejos de los últimos años, así como graves y diversos
obstáculos, como los asesinatos de periodistas y actos de violencia contra
quienes difunden información, ideas y opiniones, además de la impunidad muy
alta en esos casos.
Dicha Recomendación General está dirigida a la Procuradora
General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina,
a los gobernadores de los Estados, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno del
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, Secretarios de
Seguridad Pública de las Entidades Federativas, Presidentes Municipales y Jefes
Delegacionales.
Mediante esta Recomendación General, la CNDH hace un llamado
enérgico a las autoridades de la Federación y de las entidades federativas para
que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y
respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
En México –considerado un país peligroso para ejercer el
periodismo en las Américas— “han surgido inercias en los aparatos
gubernamentales como respuesta a las susceptibilidades producidas por la
crítica u opinión emitida desde la actividad periodística, acciones u omisiones
que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, mismas que se
traducen cada vez más en frecuentes violaciones a los derechos humanos que se
realizan de forma directa e indirecta”.
Entre las primeras destacan transgresiones a los derechos de
seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, libertad, legalidad,
propiedad y posesión, las cuales en su mayoría quedan impunes por omisiones del
Estado en la integración de las indagatorias correspondientes.
De acuerdo con los registros de la CNDH, desde el año 2000
hasta el 31 de enero de 2016 han ocurrido 109 homicidios de periodistas; 20
periodistas han desaparecido desde el año 2005; han ocurrido 48 atentados a
medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 se han recibido
515 quejas por agravios a periodistas en este Organismo Nacional.
Los estados con mayor incidencia en el número de homicidios
a periodistas son Veracruz, con 14.6%; Tamaulipas, con 11.9%; Guerrero,
Chihuahua y Oaxaca con 11% cada uno, por lo que seis de cada diez homicidios de
comunicadores ocurre en estas cinco entidades.
Por lo que hace al número de periodistas desaparecidos, los
estados de Veracruz y Michoacán tienen un 20% de los casos cada uno, mientras
que Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León tienen un 10% cada uno, por lo que
siete de cada diez desapariciones de comunicadores ocurren en estas cinco
entidades.
Para este Organismo Nacional las conductas que tienen por
objeto inhibir la libertad de expresión no solamente se cometen mediante
agresiones físicas contra periodistas o medios de comunicación, sino también a
través de medios tecnológicos afectando sus servidores, redes sociales o
páginas electrónicas, con objeto de obstruir la información.
Por ello quedó establecido que la garantía a la libertad de
expresión aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios informativos,
por lo que los atentados contra este derecho y que son cometidos contra
periodistas, así como los ataques cibernéticos contra las páginas electrónicas
o redes sociales de los medios de comunicación deben ser investigados y
sancionados.
Sobre el estado que guardan las 176 averiguaciones previas
iniciadas para la investigación de los homicidios y desapariciones de
periodistas, así como de los atentados a medios de comunicación registrados por
la CNDH desde el año 2000 al 31 de enero de 2016, 106 están en trámite; 45 de
éstas se encuentran en integración desde hace 5 años y uno de los casos tiene
15 años en integración. Además, se observa que si bien las autoridades
ministeriales realizan diversas diligencias, no resultan del todo idóneas para
el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables
responsables de los mismos, ni el motivo y las causas que ocasionaron la
agresión.
Los casos de agresiones a periodistas con investigación
deficiente y sin sanción evidencian la falta de condiciones que las autoridades
de los tres órdenes de gobierno están obligadas a generar para que haya libre
expresión e investigación periodística sin consecuencias, pero también
evidencian el nivel de arraigo de la impunidad, que alcanza un 90% en las
agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación. De ahí que la
omisión del Estado Mexicano se refleja en la ausencia de agencias del Ministerio
Público especializadas en la persecución de delitos cometidos contra la
libertad de expresión, así como de Fiscalías o Unidades investigadoras en las
entidades federativas en que se advierte mayor incidencia de agresiones contra
periodistas y comunicadores.
Esta Recomendación General fue aprobada por el Consejo
Consultivo de la CNDH en sesión ordinaria, tiene el carácter de pública y se
emite con el propósito de que se promuevan los cambios y modificaciones de
disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o
propicien violaciones a los derechos humanos y, también, para que las
autoridades competentes, de acuerdo con sus atribuciones, eliminen tales
violaciones y subsanen las irregularidades de que se trate.
Por lo anterior, este Organismo Nacional dirige puntos
recomendatorios a diversas autoridades, en donde, de acuerdo con las
atribuciones de cada instancia, se solicita el esclarecimiento de los casos y
se agoten todas las líneas de investigación; la revisión exhaustiva de las
averiguaciones previas y su resolución; la creación de fiscalías o unidades
especializadas en la investigación y persecución de los delitos contra la labor
periodística y la libertad de expresión, así como de mecanismos y
reglamentación locales para la protección de periodistas; el ejercicio de la
facultad de atracción de casos en beneficio de las víctimas.
De igual manera, se propone la capacitación de servidores
públicos en materia de derechos humanos y libertad de expresión; promover
legislación en materia de protección a periodistas; garantizar la seguridad de
periodistas y comunicadores; promover reformas para despenalizar los delitos de
injurias, difamación y calumnias; prever medidas y protocolos para casos de
agresiones contra periodistas, y elaborar mapa de riesgos e implementación de
protocolos y medidas de protección a periodistas, entre otros.
Esta Recomendación General, que ya fue debidamente
notificada a sus destinatarios, puede consultarse en la página
www.cndh.org.mx
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