miércoles, 20 de octubre de 2021

LA PANDEMIA DE COVID 19 HA PUESTO DE MANIFIESTO LAS DEFICIENCIAS DE LA ECONOMIA MUNDIAL, DANDO LUGAR AL AUMEN TO A LA DESIGUALDAD Y HA REVELADO LOS PUNTOS DEBILES DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO

 

Plataforma   Laboral

+Aumenta la desigualdad y millones sin ingreso

+INFONAVIT da descuentos por pago anticipado

+La ICC  en contra de la reforma energética

Armando Téllez Flores 

La Reunión Ministerial del G20 sobre Comercio e Inversión celebrada la semana pasada pone de manifiesto que no se ha alcanzado un acuerdo en cuanto al camino a seguir para la reforma de las normas que rigen la economía y el comercio mundiales.


La esperanza de compartir la propiedad intelectual y la capacidad de producción de las vacunas y de reformar la OMC no se ha materializado, con declaraciones vagas y sin un acuerdo para adoptar medidas urgentes.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias de la economía mundial, ha dado lugar al aumento de la desigualdad y ha revelado los puntos débiles de las cadenas mundiales de suministro.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, dijo: “Cada vez es más evidente que es urgente reformar el sistema comercial mundial para proteger mejor a las personas y al planeta. El mundo habla de reformar el comercio y las inversiones mundiales, y las decisiones que han de tomarse son difíciles”.

“La tragedia sufrida por muchos millones de trabajadores que han perdido sus ingresos y no pueden acceder a las vacunas implica que los ministros de comercio deben estar en primera línea e impulsar cambios en las normas que rigen el sistema mundial. Los países deben colaborar para reconstruir la confianza basada en el trabajo decente, con los derechos humanos y laborales como cimiento de la competencia leal”.

Los debates sobre el comercio en el marco del G20 están relacionados con la próxima Reunión Ministerial de la OMC en noviembre. En la declaración del G20 se hace referencia a redoblar los esfuerzos mundiales en materia de salud pública, pero no se menciona el paso necesario y urgente de activar la exención prevista por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Los sindicatos de todo el mundo apoyan que se active la exención prevista por el Acuerdo sobre los ADPIC, una suspensión temporal de las normas sobre la propiedad intelectual que se debería aplicar a las vacunas, los tratamientos y las pruebas de la COVID-19 para permitir aumentar la producción de vacunas a nivel mundial y reducir los costos, a fin de garantizar el acceso a las personas de todo el mundo.

“Los ministros de comercio no han abordado las preocupaciones sociales que deben conformar la base de la reforma real de la economía mundial, ni han reconocido la petición de poner fin a la naturaleza deshumanizadora del trabajo en las cadenas mundiales de suministro“.

“Tienen que mostrar que comprenden que los derechos humanos y laborales importan. Si se desea generar confianza en el comercio mundial, no se puede ignorar la frustración generalizada de que el sistema comercial mundial no ha logrado proporcionar empleos seguros, trabajo decente y oportunidades para superar la desigualdad y la exclusión.

“Se juzgará tanto al G20 como a la OMC en función de si adoptan medidas en 2021 encaminadas a fortalecer los cimientos de la recuperación económica basándose en el empleo, los derechos, los salarios justos y la protección social”, dijo Sharan Burrow.

Pierre Habbard, Secretario General del Comité Consultivo Sindical (TUAC) ante la OCDE, dijo: “Esta Reunión Ministerial del G20 sobre Comercio e Inversión abarca muchos puntos relacionados con la crisis de la COVID-19, pero no cubre, y de hecho ignora, la dimensión del empleo, la más importante para los grupos más vulnerables y la clase media”.

“Se trata de otra oportunidad desaprovechada para identificar las buenas políticas que deben aplicarse cuando se produce una apertura del comercio y la inversión internacionales, tanto a nivel internacional en la formulación de tratados, como a nivel nacional en la formulación de políticas sociales, industriales y sobre empleo”.

 

INFONAVIT RELANZA EL DESCUENTO DE 50% DE LA DEUDA A QUIEN LIQUIDE SU CRÉDITO ANTICIPADAMENTE

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) relanzó el programa Descuento por Liquidación Anticipada, el cual había detenido sus operaciones en agosto de este año luego de que, debido a la alta demanda, se agotaran los recursos presupuestados para su funcionamiento durante el ejercicio de este 2021.

De enero a agosto de este año, se aplicaron descuentos por un total de 930 millones 485 mil 311 pesos, en beneficio de 39 mil 031 acreditados que obtuvieron la condonación de la mitad de su adeudo, ocho mil más que durante todo 2020 y más del doble que en 2019 cuando se otorgaron apoyos a 16 mil 361 personas.

Con los objetivos de seguir apoyando y reconocer el esfuerzo de las y los acreditados que paguen en una sola exhibición la deuda total de su crédito, el Infonavit llevó a cabo este relanzamiento, con el que espera concluir el año con cerca de 50 mil beneficiarios.

Así, las y los acreditados que liquiden de manera anticipada el monto restante de su crédito podrán acceder a un descuento del 50% del saldo insoluto, ya que el Instituto se encargará de cubrir la otra mitad.

Las consideraciones para acceder a este programa son las siguientes:

Podrán participar los créditos cuyo saldo es igual o menor al 25% de su deuda original.

Para los créditos cofinanciados, el descuento aplicará solo al saldo del crédito otorgado por el Infonavit.

No aplica para créditos que se hayan ejercido con financiamiento de algún banco (Infonavit Total, Infonavit Total AG, Mejoravit, Arrendavit) ni para los créditos Tu Casa es Posible, ConstruYO, Segundo Crédito, Cumplir Cuenta, Responsabilidad Compartida y Fideicomisos.

Las reglas de operación serán las mismas y el programa funcionará con un fondo revolvente que se renovará cada semestre.

Para determinar si un crédito puede aplicar a un descuento por liquidación anticipada, las y los acreditados deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y realizar la consulta en la sección Saldos y Movimientos, o a través de Infonatel (800 008 3900).

En caso de que el crédito sea elegible para este programa, se indicará el monto a pagar con el descuento, así como la fecha límite. El acreditado debe realizar el pago de ese monto con descuento en cualquier banco. Sólo necesita su número de crédito que servirá como referencia de pago. El listado de las instituciones autorizadas también puede consultarse en Mi Cuenta Infonavit.

La liquidación del monto a pagar con el descuento se puede realizar en una sola exhibición o en varios pagos durante el mes. Es importante tomar en cuenta que una vez hecho el depósito no se puede devolver el dinero y es necesario realizar el pago total sobre lo señalado en Mi Cuenta Infonavit para poder recibir el beneficio….

NO A REFORMA CONSTITUCIONAL AL SECTOR ENERGÉTICO

Para la International Chamber of Commerce México (ICC México), la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios, enviada por el presidente de la República al Congreso de la Unión, significa, contrario a lo que se piensa, una transformación más amplia de las leyes porque involucra al sector eléctrico, de hidrocarburos, el litio y recursos naturales del país, así como aspectos de transición energética que no se limitan al sector de la electricidad.

Tampoco es una contra reforma a la reforma energética de 2013, ni a la de 1992 cuando se abrió la puerta al gas natural y se convirtió en el inicio de las energías limpias en nuestro país, sino que regresará a México por lo menos cuatro décadas atrás en la generación de energía eléctrica, con los consiguientes costos económico-sociales en el interior de un país que venía solidificando también su gestión frente al medio ambiente.

Lo que vemos los integrantes de la ICC México es la sincronización de un diseño normativo que por encima de los derechos humanos de quienes lo habitamos, nos conduce a la recarbonización del modelo energético del país y a la dependencia en el corto plazo de modelos más destructivos del medio ambiente como sería el fracking para resolver la demanda de petróleo, porque las reservas probadas al día de hoy son apenas para 9.5 años.

El problema de reputación internacional para la Nación tampoco es un asunto menor porque provocará incertidumbre y pone en riesgo la confianza de la inversión extranjera directa en México y el consiguiente aislamiento de nuestro país del resto de la economía mundial, al atentar contra el Estado de Derecho al violentar principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos, además de una evidente antinomia, incongruencia y oposición constitucional respecto de aspectos de igualdad, no discriminación, derecho a la salud y a un medio ambiente sano, desarrollo integral y sustentable, prohibición de leyes privativas, retroactividad, seguridad jurídica, garantía de audiencia, impartición de justicia, propiedad privada, libre competencia y concurrencia, proporcionalidad, racionalidad, confianza legítima y competitividad.

En el plano internacional, la iniciativa violenta principios insertos en los instrumentos internacionales que incluyen Trato Nacional, Nación Más Favorecida, Acceso a Mercados, Requisitos de Desempeño y Presencia Local, Asistencia No Comercial, Medidas Disconformes y Comercio Transfronterizo de Servicios, Inversión y Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados, entre otros, todo diseñados para prevenir acciones arbitrarias de los Estados Parte, que afecten el comercio y las inversiones de sus socios comerciales.

Es una reforma que busca restringir a los sectores afectados la posibilidad de recurrir con medios legales de defensa domésticos, al proponer plasmar esta transformación en el texto constitucional, lo cual generará confrontación entre derechos y principios constitucionales. No obstante, se puede anticipar que las empresas analizarán e intentarán acciones legales domésticas e internacionales en contra de la eventual reforma, por la clara antinomia e incongruencia que existe con diversos derechos fundamentales y principios constitucionales.

Aun cuando tampoco se contempla una expropiación directa para evitar las indemnizaciones, la inanición económica de las empresas y los proyectos mediante la cancelación de los permisos de producción, los contratos de compraventa de energía y de autoabasto celebrados con particulares, así como la cancelación de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s), sí constituirían una expropiación indirecta del sector, al poner en riesgo el valor de las inversiones como resultado de actos de gobierno (que incluyen cambios regulatorios en el sector). Es claro que procederá la protección a la inversión contenida en los diferentes tratados firmados por México e, incluso, si un país considerara que la violación a los acuerdos es de gran perjuicio para sus inversionistas, podría darse un litigio Estado-Estado, incluyendo la afectación mediante la imposición de aranceles.

La política destructiva del medio ambiente contenida en la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, está alejada de la casualidad. Es parte de un diseño normativo de la actual administración, mediante la cual pretende utilizar las grandes cantidades de combustibles fósiles, incluido el combustóleo que tiene almacenados, debido a que el año pasado dejó de utilizarse cuando entró en vigor el Convenio internacional para prevenir la contaminación del mar por los buques.

Como parte de esta sincronización normativa se aprobó recientemente la importación legal de autos llamados chocolates, que por su alta producción de contaminantes son inutilizados en los Estados Unidos. Tampoco el Gobierno Mexicano ha publicado la NOM 163, donde se establecen los límites máximos permisibles para bióxido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos. También suspendieron la NOM 044, que establece los niveles máximos de emisión de contaminantes de vehículos pesados nuevos.

La ICC México hace un atento y respetuoso llamado a los legisladores en el Congreso de la Unión para poner un alto a la iniciativa de reforma constitucional enviada desde la Presidencia de la República, porque significa no sólo una simple modificación a la Carta Magna, sino quitar a México la visión de modernidad que poco a poco se venía registrando en los más recientes años y en los cuales se habían sentado las bases para entrar al Primer Mundo en aspectos de manejo del medio ambiente.

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