Plataforma Laboral
+Apoyan decisión del Banco Mundial para protección
+Aprueban en el Estado de México gobierno de coalición
+Pacto del INFONAVIT y Gobierno de Coahuila pata vivienda
Armando Téllez Flores
La CSI ha acogido con satisfacción una publicación muy
esperada del Banco Mundial sobre la protección social universal, sin embargo,
alberga algunas importantes reservas sobre algunos de sus mensajes políticos y
el rigor de su análisis.
Charting a Course Towards Universal Social Protection: Resilience, Equity and Opportunity for All (Trazar el rumbo hacia la protección social universal: resiliencia, equidad y oportunidad para todos), también conocido como Compás (brújula) de la Protección Social y el Trabajo, publicado el 29 de septiembre, establece la posición del Banco sobre cómo deben reformarse y ampliarse los sistemas de protección social y esboza las prioridades del trabajo del Banco en este ámbito para los próximos años.
Garantizar la protección social universal es una prioridad
de la CSI y del movimiento sindical internacional en su conjunto desde hace
mucho tiempo. La CSI comparte los objetivos del informe de fomentar una mayor
equidad, resiliencia y oportunidad, y está de acuerdo con el Banco en que la
ausencia de protección social para la mayoría de los trabajadores y
trabajadoras del mundo en la economía informal es un reto que debe abordarse con
urgencia.
La CSI también acoge con satisfacción el hecho de que el
Compás haga hincapié en la necesidad de mejorar la adecuación de las
prestaciones para garantizar medios de vida adecuados para los trabajadores y
las trabajadoras, así como la disponibilidad y la calidad de los servicios
clave, en particular los servicios de atención y cuidado para los niños, las
personas mayores y las personas con discapacidad.
La CSI aprecia la atención que presta el Compás en la
necesidad de reforzar la financiación de la protección social, tanto en el
plano nacional como internacional, y reconoce que el Banco Mundial es uno de
los mayores proveedores de ayuda oficial al desarrollo (AOD) destinada a la
protección social; una ayuda que ha aumentado sustancialmente en los últimos
años.
Normas internacionales
No obstante, la CSI alberga profundas reservas sobre algunos
de los mensajes políticos del Compás, así como sobre el rigor del análisis que
sustenta algunas de las propuestas.
En particular, lamentamos que la visión de la “protección
social universal” presentada por el Banco parezca desviarse de las normas
internacionales del trabajo y de las interpretaciones acordadas
internacionalmente en relación con este concepto.
La visión del Banco sobre la protección social universal
parece dar prioridad a la ampliación de la asistencia social selectiva y no
contributiva en detrimento de la seguridad social, especialmente las pensiones.
Además, la CSI está profundamente preocupada por el papel
que parece desempeñar la financiación privada en el Compás, así como su
insistencia en los regímenes voluntarios y privados, que parecen ser
considerados como una “alternativa”, y no como un complemento, a la seguridad
social pública.
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, subrayó a este
respecto: “La protección social es un derecho humano reconocido
internacionalmente, e incumbe a los Gobiernos la responsabilidad integral de
dar acceso a este derecho. No pueden transferir sus responsabilidades al sector
privado. El Banco debería apoyar los esfuerzos mundiales en favor de la
protección social universal, que tan urgentemente necesitan los 4.000 millones
de personas que carecen de cualquier tipo de apoyo”.
A pesar de la importante contribución del Banco Mundial a la
financiación de la protección social en los países en vías de desarrollo, el
Compás no proporciona ninguna indicación sobre la manera en que el Banco podría
contribuir a la financiación y aplicación del Acelerador Mundial del Empleo y
la Protección Social para Transiciones Justas de la ONU.
El Compás tampoco menciona el potencial que ofrece un Fondo
Mundial de Protección Social para movilizar y coordinar la financiación
internacional de la protección social, a pesar de los debates internacionales
en curso sobre la creación del fondo y el amplio apoyo público de las
organizaciones sindicales, las organizaciones de la sociedad civil y varios
Gobiernos.
APRUEBA CONGRESO MEXIQUENSE GOBIERNOS DE COIALISION
Por mayoría de votos, el Congreso del Estado de México
aprobó reformas al Código Electoral para que, en el caso de una coalición o
candidatura común para postular a personas candidatas a gobernador o
gobernadora, los partidos políticos puedan suscribir un acuerdo que establezca
la forma en que participarán en la integración de las dependencias del
Ejecutivo y organismos auxiliares y en la definición de agenda legislativa,
además de que expidió la Ley de Gobiernos de Coalición Reglamentaria de los
artículo 61 fracción LI y 77 fracción XLVIII de la Constitución Política local.
Al exponer los dictámenes, el diputado Jesús Gerardo
Izquierdo Rojas (PRI) precisó que las reformas al Código Electoral indican que
el acuerdo deberá ser suscrito por la persona candidata y dirigentes estatales
de los partidos involucrados, con la aprobación de sus órganos directivos
estatales, y presentarse ante el Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM) en los plazos previstos, además que, durante el tiempo que transcurra
entre dos procesos electorales solo será procedente el recurso de apelación que
podrá se interpuesto por los partidos políticos ante el incumplimiento del
acuerdo.
En cuanto a la citada Ley Reglamentaria, define que el
gobierno de coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática y un
régimen plural de corresponsabilidad en el ámbito legislativo y ejecutivo
conformado por el partido que postuló al gobernador (a) y a uno o varios
partidos cuya suma alcance una representación parlamentaria en la Legislatura
mexiquense.
Añade que, cuando el gobernador (a) opte por crear un
gobierno de coalición, elaborará en conjunto con el o los partidos que constituyen
la coalición el convenio y programa en el que se fijen la orientación de sus
prioridades legislativas, políticas públicas y los compromisos de gobierno.
El gobierno de coalición podrá disolverse por decisión de
los partidos que la conforman, por actualizarse algunas de las causas previstas
en el convenio, por la salida de uno o más partidos políticos de la coalición
que implique la pérdida de la mayoría parlamentaria.
Adicionalmente, la persona titular de la gubernatura enviará
a la Legislatura el proyecto del programa y del convenio para su aprobación, y
el nombramiento de las y los servidores que integraran el gobierno de
coalición. Una vez que la Legislatura lo apruebe, ratificará los nombramientos
que haga el Ejecutivo de las personas servidoras públicas del caso. De no ser
aprobados los nombramientos, dichas personas deberán dejar sus cargos, y el
Ejecutivo, en un plazo de diez días hábiles someterá a la Legislatura una nueva
propuesta.
Durante la discusión del dictamen, en contra de las reformas,
el diputado morenista Daniel Andrés Sibaja González anunció que las impugnarán
ante la Suprema Corte de Justicia por ser inconstitucionales, en tanto que las
y los diputados Isaac Martín Montoya Márquez, Faustino de la Cruz Pérez y
Carmen de la Rosa Mendoza expresaron la postura en contra del grupo legislativo
de Morena, mientras que a favor participó el diputado Omar Ortega Álvarez,
coordinador legislativo del PRD.
Con el voto en contra del grupo legislativo de Morena, el
dictamen integra las iniciativas que presentaron por separado la diputada
Ingrid Schemelensky Castro, y los legisladores Enrique Vargas del Villar y
Adrián Juárez Jiménez, del PAN; así como las legisladoras María Elida Castelán
Mondragón, y Viridiana Fuentes Cruz, y el diputado Omar Ortega, del PRD.
INFONAVIT Y GOBIERNO DE COAHUILA COLABORAN PARA OFRECER
VIVIENDA SOCIAL ECONÓMICA
Con los objetivos de garantizar el acceso de las y los
coahuilenses a una vivienda adecuada y darles seguridad jurídica sobre su
patrimonio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de
Coahuila y los municipios de Acuña, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, para
facilitar la recuperación de vivienda abandonada y la regularización de
escrituras.
Como parte de dicho acuerdo, el Infonavit podrá pagar
directamente y sin intermediarios las deudas de agua y predial de los inmuebles
que recupera y utilizarlos para atender con vivienda de menor precio las
necesidades de las familias que menos tienen y más lo necesitan.
En lo que va del sexenio, a través de los distintos esquemas
para la recuperación de vivienda que implementa el Infonavit, en Coahuila se ha
beneficiado a 422 personas con la comercialización de este tipo de casas, por
un monto de 74 millones de pesos.
Asimismo, también se agilizarán los trámites administrativos
y fiscales relacionados con la regularización de escrituras, atendiendo una
demanda histórica de las y los trabajadores, que buscan proteger a sus
familias, a través de tener seguridad jurídica sobre su patrimonio.
Durante la firma del convenio, el director general del
Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, señaló que con este convenio pronto se
podrán atender la necesidad de vivienda de los coahuilenses con vivienda
económica.
“Así es el Infonavit de la Transformación que estamos
construyendo. Pone primero a la clase trabajadora y atiende sus necesidades
reales para que puedan consolidar su patrimonio familiar”, dijo.
En su intervención, el gobernador Miguel Ángel Riquelme
Solís reiteró que la coordinación interinstitucional entre las partes
involucradas que permiten a Coahuila dar un gran paso y ser ejemplo en el país.
Conminó a las autoridades municipales participantes en el
convenio, a agilizar los trámites correspondientes para que en el corto plazo
las viviendas recuperadas puedan ofrecerse a quienes las requieran.
“Hoy Coahuila se pone de nueva cuenta a la vanguardia”,
refirió y destacó que la formalidad laboral que tiene el Estado demanda mayor
número de viviendas dignas y accesibles para la clase trabajadora.
Con estas acciones, el Infonavit ratifica su compromiso por
recuperar el sentido social del Instituto, poniendo a los trabajadores al
centro de todas sus acciones, y corregir los errores del pasado, ocasionados
por una política expansiva de vivienda.
