jueves, 10 de febrero de 2022

EL GOBIERNO DE LA CUATRO T DECIDE PAGAR JUBILACIONES A INTEGRANTES DE LA EXTINTA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA AUNQUE HAY VOCES QUE DICEN QUE ES ILEGAL, PUES FUERON LIQUIDADOS

 

Plataforma   Laboral

+Acto considerado ilegal jubilación a ex de LyF

+La STPS pide  renovar dirigencias a sindicatos

+Baja histórica de piratería en los mares dice ICC

Armando Téllez Flores

(Regresamos después de una hospitalización y estaremos en tratamiento, pero seguiremos trabajando) 

En un acto considerado ilegal, el Indep pagará jubilaciones a 8 mil exempleados de Luz y Fuerza del Centro 19 años de servicio, a lo que el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano dijo que lo que están haciendo no tiene fundamento legal. Será daño patrimonial. “Se extinguió un organismo ineficiente, subsidiado y con un sindicato corrupto. Se indemnizó a los ex trabajadores conforme a la Ley y al Contrato Colectivo!, dijo. 


Pero el gobierno actual considera que el despido del personal de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009, con la liquidación de la empresa del Estado fue un acto de injusticia laboral, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) pagará las jubilaciones a alrededor de 8 mil extrabajadores con más de 19 años como empleados al momento de la extinción de la compañía.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional hoy, Ernesto Prieto, director general del Indep, explicó que para este primer año, se contará con un presupuesto de mil 458.6 millones de pesos, mismos que serán aportados por el instituto.

De acuerdo con un informe, se detalló que al momento de la extinción de la compañía de luz, es decir, el 11 de octubre de 2009, había 9 mil 249 trabajadores con 19 años de servicio, de los cuales 352 han fallecido y cinco más ya reciben su pensión.

“El gobierno de la República considera de elemental justicia de establecer este programa especial de compensación por justicia social a trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro que responde a una legítima demanda social para garantizar una compensación a todos aquellos trabajadores que al 11 de octubre de 2009 tenían por lo menos 19 años y seis meses y un día de tiempo de servicio”, expuso el funcionario federal.

La compensación mensual que aportará el Indep a los exempleados que cumplan los requisitos tendrá un tope máximo de 67 mil pesos, que es la pensión máxima que otorga el IMSS y se contempla sea otorgado a 8 mil 892 extrabajadores que tienen un tiempo mínimo de empleo de 19 años, seis meses y un día laborados. El mínimo será de 3 mil 200 pesos y el promedio será de 12 mil 500 pesos.

“La compensación mensual vale un mínimo de 3 mil 200 pesos a un máximo de 67 mil con una media de 12 mil 500 pesos. El presupuesto estimado para el primer año es de mil 458.6 millones de pesos que aportará el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”, comentó.

Los requisitos que deben de cubrir los trabajadores para incorporarse a este programa son: haber cubierto un tiempo mínimo de servicio de LFC de 19 meses, seis meses y un día; desistirse en la Junta de Conciliación y Arbitraje de todos los juicios presentes y futuros en contra de LFC, Sener, Indep y LFCL; entregar la solicitud correspondiente con la documentación requerida, la cual estará disponible en el portal de internet del Indep en www.gob.mx/indep/es....

STPS LANZA LLAMADO A RENOVAR DIRIGENCIAS ANTES DEL 31 DE MARZO

Ante la evolución de las condiciones de salud pública en el país, ya no habrá prórroga para la renovación de las directivas, como sugerencia para acelerar los procesos democráticos sindicales, se recomienda la utilización del Sirvolab

Los procesos para legitimar contratos colectivos vencen el 1 de mayo de 2023, hasta la fecha en el sector automotriz, se registra un avance de una tercera parte

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo un llamado a la renovación de las directivas sindicales a través del voto personal, libre, directo y secreto, toda vez que no habrá una ampliación del acuerdo para prorrogar su vigencia más allá del 31 de marzo, fecha en la que concluye el periodo de extensión concedido ante los efectos provocados por la pandemia de Covid 19.

 

En el marco de la reunión de trabajo con la directiva de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la titular de la STPS, Luisa Alcalde Luján solicitó su respaldo para impulsar los procesos democráticos en los sindicatos del sector, que incluyen la legitimación de contratos colectivos, a fin de evitar posibles sanciones derivadas del Acuerdo Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (TMEC).

Ante la evolución en las condiciones de salud pública en el país, “ya no habrá prórroga, y pareciera que algunos líderes piensan que va a suceder y ya no, por eso es importante que los sindicatos renueven su directiva”, bajo las nuevas reglas del voto personal, libre, directo y secreto, “les informamos y les pedimos estar vigilantes para que no haya problema”, subrayó Alcalde Luján.

Sugirió como método de elección para los procesos subsecuentes, recurrir al Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), desarrollado por la STPS y utilizado recientemente en la elección del Sindicato de Trabajadores Petroleros, donde funcionó muy bien, no fue hackeado, no se cayó y no puede ser manipulado.

De igual forma, la responsable de la política laboral pidió vigilar la realización de los procesos de legitimación de contratos colectivos, cuyo plazo vence el 1 de mayo de 2023. Precisó que en la industria automotriz se registra un avance de 400 contratos, de un total estimado de 1200. “Sí hay una obligación clara por parte de las empresas de vigilar que los procesos democráticos se den de manera efectiva”, afirmo.

Es importante cumplir para no tener quejas dentro del TMEC, si cumplimos con las normas no habrá problemas hacia adelante, además, es un sector que impulsa a otros para cumplir con las normas, como el de la construcción o el campo, subrayó.

En la reunión estuvieron presentes José Guillermo Zozaya, presidente Ejecutivo de la AMIA; Fausto Cuevas, director General de la AMIA; Antonio Michel Guardiola, director de Relaciones Institucionales y Comunicación; Diego Ramírez Vincent, director de Relaciones Gubernamentales Nissan; Miguel Medina, director de Relaciones Gubernamentales BMW; Catalina Coppel, de General Motors, y Luis Amezcua, gerente senior de Legal y Compliance Toyota.

En representación de la STPS, asistieron Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales y Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral….

A PESAR DE LA BAJA HISTÓRICA EN INCIDENTES DE PIRATERÍA MARÍTIMA SE RECOMIENDA NO BAJAR LA GUARDIA: ICC

México está desaprovechando el crecimiento económico de los Estados Unidos, que de manera tradicional va ligado con nuestra economía, por la falta de certidumbre para la inversión extranjera directa, motivo por el que en la International Chamber of Commerce México “esperamos que no se logre dar la modificación constitucional en la Ley Eléctrica”, que no sólo afectará a las empresas que están en la producción de energías limpias, “sino también a otros empresarios quienes utilizan la energía eléctrica a precios razonables”, y cuya economía se podría ver muy afectada.

Claus von Wobeser Hoepfner expresó esta mañana que en la ICC México que preside, ven “con preocupación cómo la recuperación va lenta y definitivamente, la manera en la que se puede lograr una mayor corrección de la economía es a través de un Estado de Derecho sólido, donde se respeten las reglas del juego, donde se respeten las normas jurídicas para dar certeza a los inversionistas”.

“No estamos viendo los flujos de inversión tanto extranjera como nacional por la preocupación de los inversionistas en relación al marco normativo, muy particularmente al tema de la reforma constitucional en materia eléctrica”, añadió.

John W.H. Denton AO, Secretario General de ICC Mundial, presente en la Rueda de Prensa como invitado especial junto con la Primera Vicepresidenta de ICC Mundial, María Fernanda Garza Merodio, expresó que a nivel global “necesitamos un Estado de Derecho fuerte y necesitamos elementos de rendición de cuentas para crear un buen entorno de inversión”.

Para María Fernanda Garza el asunto de la rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción que impiden el avance de muchas naciones, es un asunto muy sencillo que sólo necesita “de voluntad política”.

Para combatir la corrupción en México, como en otras partes del mundo —sugirió—, sólo se requiere la voluntad política de hacerlo. “Necesitamos que exista la voluntad política en las autoridades, en los ciudadanos, en las empresas, para tomar las medidas necesarias, establecer los procesos que se requieren, darles seguimiento y revisarlos constantemente porque, lamentablemente, el fenómeno de la corrupción no es algo estático que se quede en el tiempo, porque las personas que cometen actos de corrupción nunca se quedan quietos y buscan alternativas”.

Garza Merodio, mexicana quien en el verano próximo se convertirá en la Presidenta de la ICC Mundial, añadió que “la voluntad política no se da en base a discursos y proclamas, sino en base a ver lo que hace el gobierno en turno enfocado a combatir la corrupción y para eso hay que invertir en los procesos, en el estado de impartición de justicia para que las investigaciones se lleven a afecto a cabalidad, y en ese momento es cuando vamos a ver que verdaderamente existe esa voluntad”.

Y también destacó cómo para generar empleos más remunerados se requiere inversión e innovación, pero para que esas características se den, necesitamos también combatir la corrupción.

Al responder las preguntas sobre los señalamientos en contra de empresas extranjeras, Claus von Wobeser destacó que la ICC México, conforme a los preceptos del organismo mundial, está de acuerdo con combatir la corrupción. “En eso hay una coincidencia total —con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador—, en que aquellos actos de corrupción se vayan revelando, se investiguen y se sancionen. Y que el presidente haya dicho sea quien sea, incluso su familia, me parece correcto. Se debe aplicar el Estado de Derecho y perseguir los actos de corrupción, sea quien sea. Y si son inversionistas quienes los cometieron, que se investiguen, se prueben y paguen las consecuencias de sus actos ilegales”.

 

 

 

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