lunes, 27 de junio de 2022

El atropello contra el reparto de utilidades estuvo orquestado por varios, entre ellos, por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, el mismo que se hace pasar por minero, señala el diputado Carlos Pavón

 

Plataforma   Laboral

+Negro el futuro económico para mineros

+La SEP basifica a más de 40 mil trabajadores

+Urgente la Ley de seguridad privada: COPARMEX

Armando Téllez Flores

El diputado Carlos Pavón, líder minero tocó en su columna del Diario 24 Horas temas importantes que afectan a los trabajadores como es el hecho que pronostican que el 7.88% de inflación que nos recetaron este junio, es la antesala del 8.1% que podría llegar en el tercer trimestre de este año.

Y añade que ojalá y ese 8 fuera la calificación general de este sexenio, pero no, ni cerquita, nada tiene que ver con un buen desempeño, sino que esa cifra se traduce en un continuo golpe a la economía de las familias mexicanas. Como dicen, ya no es lo duro sino lo tupido.

“Podrán llenarnos de pretextos o explicaciones de que el Covid-19, que la guerra de Ucrania, lo que sea, la única realidad es que en el bolsillo de los mexicanos alcanza para menos, que las bolsas del súper se hacen pequeñas frente a un ticket cada vez más alto y que ya ni en los típicos mercados sobre ruedas se pueden encontrar ofertas; todo está más caro cada día”, dijo.

El alza de la inflación ocasionó que algunos alimentos básicos tuvieran incrementos de precios de entre 14% y 17%, y no hablo de lujos sino de frutas, verduras y carnes, una escalada que como ya dijimos, no se detendrá. En el sector obrero estamos viviendo una situación complicada, nuestra economía se quebranta y los incrementos salariales se pulverizan frente a la economía nacional.

Para consuelo de las familias que represento, la minería es una actividad que no deja de crecer. Se ha convertido en uno de los motores importantes del país, los incrementos que logramos pactar con las empresas nos ayudan a que los mineros tengamos ingresos 36% más altos que la media nacional. No podemos ser ajenos, de una y otra manera la inflación nos arrastra y más cuando y más cuando enfrentamos como ahora, violaciones a nuestros derechos por parte del propio Gobierno, hablo de las utilidades.

Los mineros perdimos gran parte de uno de los ingresos que nos sacaba a flote: el reparto de utilidades; bajo el pretexto de homologar esta prestación a todos los sectores, decidieron ignorar la Constitución e implementar que las PTU se toparan máximo a tres meses de salario, sin importar que a muchos obreros nos llevaran al quebranto económico.

El atropello estuvo orquestado por varios, entre ellos, por Napoleón Gómez Urrutia, el mismo que se hace pasar por minero y que es reconocido por huir a Canadá tras quitarles a sus propios agremiados 55 millones de dólares, situación que arrastra desde hace más de una década y que hoy lo sigue trayendo en la mira no solo de los obreros sino de las autoridades laborales, ya que no logra convencer ni aclarar qué fue lo que hizo con el dinero de los trabajadores.

Seguimos en la lucha legal por recuperar las utilidades, pero tenemos claro que una de las fortalezas y por la que hemos trabajado en el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, es la estabilidad laboral, ya que esa es la principal defensa que tenemos contra la inflación. Por ello, los paros o huelgas no son opción, a pesar de que otros, como el Napillo, las sigan utilizando como método de control y sometimiento contra las empresas.

Nosotros no jugamos con el empleo de las compañeras y compañeros. La minera provee de empleo y salarios a miles de mexicanos y está en posibilidad de seguir expandiéndose; sin embargo, por ahora, las nuevas concesiones están pausadas, situación que deberán reflexionar, ya que no deja de ser una oportunidad para abatir el desempleo y la pobreza que tanto afectan a nuestro México y más en estos tiempos de incertidumbre económica y social….

BASIFICA SEP A MAS DE 40 MIL TRABAJADORES DE LA EDUCACION

En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), ha basificado más de 40 mil trabajadores de la educación de la capital del país.

La segunda etapa de este proceso se complementó con cuatro mil 395 basificaciones de maestras y maestros, con lo que se alcanzó el mayor número de asignación de plazas de los últimos 30 años.

Este importante avance en la revalorización del magisterio nacional es muestra del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con la educación, y de las gestiones realizadas por la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, y el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia, Oscar Flores Jiménez, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El gobierno federal y la SEP atienden, de manera irrestricta, las demandas de los trabajadores de la educación para dignificar su función y obtener mejores condiciones laborales, por lo que refrendan su disposición al diálogo con todas las representaciones sindicales del país.

El titular de la AEFCM, Luis Humberto Fernández Fuentes, destacó el trabajo colaborativo entre las distintas instancias de la dependencia, y recalcó que esta cifra es un logro no visto en casi tres décadas.

Precisó que las constancias de basificación se entregaron a personal docente y administrativo que ocupaba plazas sin titular, como maestros frente a grupo, médicos escolares, laboratoristas y prefectos…

URGENTE QUE CONGRESO DE LA UNIÓN EXPIDA LA LEY GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Toda vez que la seguridad privada es considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como coadyuvante de la seguridad pública, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que expida sin mayor demora, la Ley General de Seguridad Privada.

En Coparmex nos preocupa la profesionalización y regulación de las empresas de seguridad privada y además, estamos interesados en que este sector incorpore en sus procesos mejores prácticas que beneficien a todos los mexicanos, por ello, urgimos a que se expida la Ley de Seguridad Privada para así contar con la regulación secundaria que haga realidad el texto constitucional.

En la última década, la realidad social y de seguridad pública rebasó la obligación constitucional del Estado Mexicano, lo que dio pie a la proliferación de empresas de seguridad privada, con todo tipo de distorsiones en la actividad de un sector que representa a más de ocho mil empresas, emplea a más de 600 mil colaboradores, y representa aproximadamente el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Frente a esta situación, el 11 de marzo de 2021 se aprobó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 73 para efecto de facultar al Congreso de la Unión para legislar y expedir la Ley General de Seguridad Privada, cuyo ordenamiento fue publicado el 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, tras el visto bueno de la mayoría de los congresos locales, como lo dicta la ley.

La ley pretende regular la seguridad privada en tres aspectos: la homologación de un permiso único a nivel nacional con el objetivo de crear un registro nacional de las empresas que prestan el servicio en uno o varios estados, establecer la distribución de competencias que tendrán la federación, los estados y los municipios en la materia y las sanciones tanto para empresas como para usuarios que contraten empresas que no cuenten con la autorización correspondiente.

En Coparmex consideramos fundamental que se expida la Ley para que exista una efectiva y adecuada regulación y se lleve a cabo el registro nacional de empresas del ramo, pues actualmente solo se realiza cuando una empresa tiene actividad en dos o más entidades, pero cuando labora solo en una, solo tiene la obligación de llevar a cabo su inscripción ante la entidad federativa en la que presta el servicio.

Consideramos que  regular y atender la operación de las empresas de seguridad privada es sumamente importante, pues la SCJN estableció que la seguridad privada es coadyuvante de la seguridad pública: “…los servicios de seguridad prestados por empresas privadas junto con las instituciones de seguridad pública, forman parte de un sistema de seguridad pública que funciona por colaboración entre éstas y aquellas, las cuales, sin subsumirse, en las funciones del Estado, coadyuvan con él.”

Por este motivo expresado por el máximo órgano del Poder Judicial, así como por las razones aquí expresadas y en especial, debido a la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para el mejor desarrollo de este sector, es que desde Coparmex reiteramos nuestro  atento llamado al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Seguridad Privada que, sin duda, dotará de mayores herramientas de coordinación, seguimiento y control a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en favor de los ciudadanos.

 

 

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