miércoles, 23 de febrero de 2022

La CSI y la CES piden el cese inmediato de las hostilidades y el conflicto en Ucrania oriental, así como negociaciones de buena fe para resolver la crisis en beneficio de la población: Sharan Burrow .

 

Plataforma   Laboral

+Rusia-Ucrania deben entablar un diálogo genuino: CSI

+Auditoria revela corrupción en contratos de SERGALMEX

+El tren Maya revive agravios de comunidades campesinas

Armando Téllez Florew

La CSI y la CES piden el cese inmediato de las hostilidades y el conflicto en Ucrania oriental, así como negociaciones de buena fe para resolver la crisis en beneficio de la población.

La Presidencia rusa ha decidido reconocer dos regiones separatistas, algo que el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y una violación de la integridad territorial.

Guterres ha hecho un llamamiento a la resolución pacífica del conflicto en Ucrania oriental, de conformidad con los Acuerdos de Minsk, refrendados por el Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución 2202 aprobada en 2015. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa también ha emitido una condena.


Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, dijo que “Se han perdido muchas vidas y la gente lleva siete años sufriendo debido al incumplimiento de los Acuerdos de Minsk.

“En las últimas semanas se han producido cientos de violaciones del alto el fuego a medida que el conflicto se ha ido avivando artificialmente. En lugar de tender puentes para la paz, se han gastado enormes cantidades de dinero en armamento y en el ejército, y la retórica agresiva ha provocado aún más inestabilidad.

“El actual conflicto ha tenido consecuencias dramáticas para las economías tanto de Rusia como de Ucrania, así como para el resto de Europa. El riesgo de escalada del conflicto, cuyas consecuencias serían devastadoras, es real y seguirá siéndolo hasta que se entable un diálogo serio que aborde el origen de la disputa”.

Luca Visentini, secretario general de la CES y del Consejo Regional Paneuropeo (CRPE) de la CSI, ha manifestado: “Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, así como el Alto Representante de la UE, han hecho enérgicas declaraciones en apoyo de la integridad territorial de Ucrania y de los Acuerdos de Minsk, al igual que el secretario general de la ONU.

“Todos los líderes políticos han de tener el valor de evitar una guerra, buscar soluciones y respetar los acuerdos, y la sabiduría para desarrollar unas economías sostenibles que beneficien a las personas y proporcionen la base fundamental para la seguridad común.

“El colapso de las medidas de seguridad común, como el Tratado INF y el Tratado de Cielos Abiertos, que brindaban canales de verificación y diálogo, está vinculado al debilitamiento generalizado de las disposiciones de los Acuerdos de Helsinki, que han contribuido a garantizar la paz durante casi 50 años.

“Ahora existe la posibilidad real de que este marco vital se desmorone por completo y que la militarización en Europa, que ya está en marcha, se intensifique.

“Solicitamos medidas urgentes para reunir a todos los líderes políticos relevantes con el fin de establecer un marco de seguridad común tal y como se inició en Helsinki. El mundo necesita un nuevo contrato social, no más conflictos. Necesitamos invertir en la personas y en el empleo, en la paz y en la estabilidad”….-

AUDITORÍA REVELA RED DE CORRUPCIÓN EN CONTRATOS LECHEROS DE SEGALMEX

El informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó multimillonarias irregularidades en Segalmex que fueron denunciadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desde agosto de 2020, como es el caso de un esquema de corrupción en la entrega de convenios para la comercialización de crema y leche en polvo. El ex titular de Administración de Liconsa, René Gavira, enfrenta una demanda penal ante la FGR, al haber fijado unilateralmente precios con productores, eludiendo la autorización del órgano colegiado de la dependencia.

Una cascada de irregularidades sacude a Seguridad Alimentaria Mexicana. La dependencia encargada de otorgar precios de garantía a los productores del campo y lograr la autosuficiencia alimentaria, no pudo acreditar el destino de 8 mil 636 millones de pesos. El nombre de René Gavira Segreste, extitular de Administración y brazo derecho de Ignacio Ovalle, se repite una y otra vez en los malos manejos detectados.

En su tercera entrega de informes de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación encontró múltiples irregularidades entre las que se encuentran pagos anticipados sin acreditar la entrega de bienes, faltantes de maíz y frijol en inventarios, penalizaciones no aplicadas a proveedores y un esquema de corrupción en la entrega de convenios multimillonarios para la comercialización de crema y leche en polvo.

En 2019, su primer año de operaciones, Segalmex no pudo comprobar el destino de 3 mil mdp. Con las observaciones sumadas este año, la dependencia no ha podido acreditar el destino de más de 11 mil millones de pesos desde su creación.

El informe de la ASF llega menos de un mes después de que la Presidencia de la República anunció que tres altos funcionarios de la dependencia, entre los que se encontraban el director de comercialización y el director de operaciones, habían sido destituidos y denunciados ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción.

Algunas de las observaciones realizadas por la ASF confirman irregularidades encontradas en reportajes que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó en años anteriores…..

LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA REVIVE AGRAVIOS CONTRA COMUNIDADES CAMPESINAS

*Organizaciones se han opuesto al proyecto por los efectos ambientales, territoriales, sociales y culturales que conlleva

Los agravios y resistencias de comunidades, ejidos y organizaciones campesinas sufridos en las últimas dos décadas fueron revividos cuando el actual gobierno anunció la construcción del Tren Maya ante los impactos socioambientales y afectaciones que provocarían tanto la obra como los desarrollos turísticos e inmobiliarios derivados de ésta, plantea el doctor Carlos Rodríguez Wallenius, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Este proyecto –sin duda la obra de infraestructura más ambiciosa de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador– ejemplifica la orientación neodesarrollista del régimen y el tipo de respuesta de la política gubernamental frente a los efectos que tendrán en la vida y zonas rurales de la península, en los ámbitos ambientales, territoriales, sociales y culturales.

En el texto Geopolítica de las resistencias socioambientales frente a la construcción del Tren Maya, el investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la UAM analiza las principales resistencias impulsadas por organizaciones indígenas, campesinas y colectivos civiles y ambientalistas en torno al proyecto.

Desde la década de 1970, con la puesta en marcha de Cancún como destino turístico y durante los años posteriores se intensificaron políticas neoliberales impulsadas por gobiernos federales que permitieron el crecimiento de la Riviera Maya, concesiones privadas de autopistas, puertos y sistemas de agua potable.

Todas esas actividades representaron agravios y afectaciones que fueron enfrentadas por algunas poblaciones mayas que trataban de mantener sus modos de vida campesina en los territorios y ahora, de nueva cuenta, se presentan con este megaproyecto de infraestructura a cargo del Fondo Nacional de Fomento Turístico (FONATUR) –que se calcula costará 150 mil millones de pesos y concluirá en 2024– atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Aun cuando el Tren Maya representa una apuesta por impulsar el desarrollo y el crecimiento económico de la región, también acarreará los impactos que tienen los modelos de turismo de enclave, agronegocios y desarrollo inmobiliario relacionados con las afectaciones al modo de vida campesino de un poco más de dos mil comunidades y 300 ejidos en la península de Yucatán, el norte de Chiapas y el oriente de Tabasco.

“También se ha expresado la inquietud por la destrucción de selvas y el hábitat en las áreas cercanas al tren en los trazos Cancún-Bacalar-Escárcega, sobre todo afectaciones por deforestación que sufrirán la Reserva de la Biósfera de Calakmul y la Zona de Conservación Estatal de Balamkú”.

 

 

 

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